La CIG-Correos denuncia la situación de “caos, descontrol y riesgo laboral” que se vive en la unidad de reparto de O Porriño, uno de los centros más importantes a nivel industrial de la comarca, hasta el punto de que en los últimos días se acumulan 10.000 envíos y 2.400 notificaciones administrativas pendientes de entrega. De manera que 20.000 habitantes y más de 300 empresas se encuentran sin el servicio adecuado que establece la ley.
“La situación es de descontrol y con una organización caótica, por lo que el nivel de deterioro del servicio hacia el ciudadano y la presión al personal es insostenible”, señalan desde la central sindical. En este sentido, recuerdan que el Estado viene de renovarle a S.E. Correos la prestación del Servicio Postal Universal (SPU) mientras la empresa incumple de manera sistemática los parámetros de calidad del servicio público. “Es un suma y sigue, ya que la situación se repite a lo largo del país”. De hecho, la CIG denunció recientemente tiempos de espera de 45 minutos en oficinas de Vigo.
En consecuencia, el malestar entre el cuadro de personal va en aumento por las condiciones en las que tiene que desarrollar su trabajo. “Y Correos paga multas por incumplir los compromisos del SPU pero dicen que no hay dinero para contratación”. Por eso califican la gestión del servicio como “nefasta”: la empresa entrega cantidades millonarias por no cumplir en muchos casos con la ley de procedimiento administrativo, al tiempo que mantiene el personal con sueldos “de miseria”.
Sueldos que contrastan con los 200.000 euros anuales que ingresa el presidente de la entidad, “mientras el personal sigue enfermando y sufriendo accidentes en el trabajo a consecuencia del estrés y de la presión que soporta”. Frente a esto, la CIG reclama la cobertura de todas las plazas para ofrecer un servicio público de calidad y garantizar que el personal pueda trabajar en condiciones dignas.
Finalmente, advierten que de no cambiar esta situación habrá ciudadanos y empresas que tengan problemas con plazos legales y se preguntan por qué la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace “oídos sordos” ante el deterioro laboral y de servicio en esta empresa pública.
