La CIG presentó esta mañana, en rueda de prensa, una propuesta de “Protocolo de actuación ante situaciones de violencia en el trabajo en el sector de Ayuda a domicilio”. Una comparecencia que, como recordó el secretario general, Paulo Carril, se desarrolló “transcurridos ya 7 días desde el asesinato de Teresa dos Santos y 6 días desde que se instó a la Xunta de Galicia, a través del presidente de la Xunta, de la Conselleira de Política Social, el presidente de la Federación Gallega de Ayuntamientos, el jefe territorial de la Inspección de Trabajo en Galicia y a la propia patronal a sentarse, de forma urgente, para evaluar lo sucedido y diseñar un protocolo de respuesta que evite que se repitan situaciones trágicas como la de aquella jornada”.
Carril denunció que a pesar de esto, “sigue sin haber respuesta alguna”. Por eso, rechazó la “falta absoluta de sensibilidad” de los responsables de las administraciones, porque “seguimos en la misma situación de riesgo grave e inminente ante la ausencia de una actuación real dirigida a evitar que se repitan situaciones como esta”. Valoró, además, que “estamos ante el fracaso de este modelo cruel”, que calificó como “caótico”, planificado por la Xunta de Galicia, a la que acusó de tener hecho “dejadez de sus funciones”, transfiriendo a los ayuntamientos las competencias de los SAF, “que son pasto de la privatización, de la mercantilización y del lucro en base al maltrato a las trabajadoras, convertidas en esclavas, pero también del maltrato de las usuarias”.
Un modelo para el cual recordó que el sindicato propuso cambios a través de una ILP presentada ya en noviembre de 2020, en la que se apostaba por un sistema público gallego de atención a las personas para dignificar, valorizar, y reconocer el SAF, con un convenio colectivo que “dejara de considerar residual un trabajo fundamental, un servicio público imprescindible, pero en la sociedad gallega, con la cantidad de población vieja y necesitada de atención por ser dependientes”.
Por eso, afirmó que estamos ante “un problema de voluntad política por parte de la Xunta de Galicia, pero también de los ayuntamientos”, se preguntó “cuántas muertas más tienen que haber para que alguien haga algo” y emplazó nuevamente a las administraciones a convocar a una reunión conjunta en la que sindicatos, patronal, Inspección de Trabajo, Xunta de Galicia y ayuntamiento “podamos garantizar un protocolo que haga seguro y evite el riesgo grave inminente al que están sometidas las mujeres en el servicio de ayuda al hogar”.
Diez años demandando un Protocolo
En la misma línea, el representante de la CIG-Servizos, Pedro Pérez, recordó que la central sindical lleva demandando desde hace más de 10 años ese protocolo para proteger a las trabajadoras del SAF. Subrayó el elevado riesgo que sufren de padecer agresiones, no solo en los propios domicilios, sino también en los traslados de un domicilio a otro. Riesgos que consideró que deben ser recogidos en un protocolo de actuación que los prevenga y cuya negociación reclamó a la administración autonómica, ayuntamientos y patronal, para garantizar que las trabajadoras puedan desarrollar el trabajo con la máxima seguridad posible.
El representante de la CIG-Servizos lamentó que no se hubieran escuchado todas las denuncias y advertencias hechas por el sindicato nacionalista, que se convirtieron “en una tragedia” el pasado martes en Porriño. “Lejos de que la Xunta tomara medidas, hizo oídos sordos y aunque se tienen peticiones de reuniones desde el día siguiente de lo sucedido, seguimos esperando a que se nos convoque a una reunión para que se garantice de una vez por todas la seguridad de las personas trabajadoras del sector de la ayuda en el hogar”, afirmó.
Pérez denunció además las condiciones laborales que padecen las trabajadoras porque el convenio del sector está sin negociar desde hace más de 12 años. “El último finalizó en el año 2012, negociado en el 2010, y tiene una parte importante en materia de salud laboral que queremos tratar”, apuntó.
Protocolo marco
Fue Esther Marino, del Gabinete de Igualdad y Diversidad de la CIG, quien explicó que la CIG propone un protocolo marco, independiente de los protocolos que se acuerden en el ámbito de cada servicio en cada ayuntamiento, y que debería manar de la Xunta de Galicia, “asumiendo el compromiso y responsabilidad que tiene a respecto de estos servicios”. Un protocolo que “marque los puntos indispensables que tienen que cumplir absolutamente todos los SAF. Única manera de que la garantía de la protección de la salud de las trabajadoras en todo el país esté garantizada”.
Explicó que para la CIG es indispensable que, previa asignación del servicio, junto a los Planes Individuales de Atención (PIA), que valoran las necesidades de la persona, “se incluya una evaluación inicial de riesgos, incluyendo los riesgos psicosociales”. Esto permitiría contar con una primera fotografía “del riesgo de posible agresión y el conocimiento del lugar de trabajo donde esas personas van a prestar servicio”.
Junto a esto apuntó, como otra medida indispensable, “que se lleve un registro de todas las incidencias que se produzcan dentro del servicio de ayuda en el hogar; que de ese registro se dé traslado también a los comités de seguridad y salud y a las delegadas de prevención de cada servicio y crear algún canal, respetando la Ley de Protección de Datos, para que las trabajadoras puedan tener conocimiento de a qué se van a enfrentar.
Esther Marino explicó que, a día de hoy, esa información no se traslada y consideró que de ese registro también las administraciones públicas deberían llevar algún tipo de control, garantizando que esa información también se traslade de subcontrata a subcontrata. En ese sentido, explicó que “estamos hablando de servicios que van cambiando de empresas, porque están privatizados en casi todos los ayuntamientos del país y es importante que esa información de cara a la protección de las trabajadoras se vaya transmitiendo”.
Prevención y reacción
Paulo Carril explicó que el protocolo propuesto por la CIG establece “tres momentos claramente diferenciados: los dos primeros de carácter preventivo y el tercero de carácter reactivo”, con el objetivo de proteger a las trabajadoras ante situaciones de violencia. En el primer momento, previo a la entrada de la trabajadora en el domicilio, “tiene que contarse con una evaluación de la situación y de los riesgos para valorar si estamos ante un riesgo bajo o medio, lo que llevará a que en el domicilio haya dos auxiliares atendiendo a las personas usuarias”. Consideró, sin embargo, que si el riesgo es alto “no se puede prestar el servicio, en ningún caso”.
Junto a esto explicó que tiene que informarse sobre la evaluación del potencial de peligrosidad a las trabajadoras y que tiene que haber un sistema de baremación que permita decidir, en caso de riesgo grave, la suspensión e interrupción del servicio, sin que la administración gallega pueda obligar o cambie esa decisión sobre la protección de la persona trabajadora, que es el centro de este protocolo”, matizó.
Un segundo momento sería cuando la persona trabajadora entra en el domicilio y tiene contacto con el riesgo. Ahí, explicó que “cada persona trabajadora tendría que hacer una evaluación diaria de la posibilidad de agresión”, y en el momento en que perciba que su integridad física corre el más mínimo peligro, debe proceder de dos maneras: o bien abandonar el entorno hostil o llamar a la persona coordinadora para ponerlo en su conocimiento”.
Según detalló Carril, el protocolo contempla que en cualquier momento de la prestación del servicio la persona trabajadora puede abandonar por iniciativa propia ese domicilio, si efectivamente, después de hablar con la coordinadora verbalmente y entregando después una explicación detallada, percibe que ese riesgo grave e inminente es real. Desde la coordinación de los servicios, se dará cuenta a la administración pública y se hará una evaluación del riesgo por parte también de las propias delegadas de prevención que haya en cada centro de trabajo.
El tercer momento es la actuación en caso de agresión y de lo que deben ser las medidas reactivas para llevarlo adelante. “Si llega a materializarse el riesgo y fallan las medidas preventivas anteriores, entendemos que tiene que haber un servicio específico de atención inmediata a las personas trabajadoras del SAF. Un mecanismo de respuesta rápida al que puedan recurrir de forma inmediata, en caso de que haya una situación de riesgo o de vulneración de sus derechos”.
El protocolo prevé, en este caso, que se pueda contar con un dispositivo de alarma tipo botón de emergencia que se pone en contacto con la coordinadora de la empresa y con las fuerzas de seguridad y prevé que se pueda intervenir, garantizando la asistencia sanitaria de esa persona trabajadora.
El protocolo, tiene también un apartado que es el de la justificación y remuneración de las ausencias laborales en situaciones de violencia en el trabajo, o faltas de puntualidad de una persona trabajadora por causa de riesgo grave inminente.
