El BNG supo por los medios de comunicación de una nueva disputa entre los gobiernos de la Xunta y del Concello. En este caso tiene que ver con la instalación de un ascensor en el CEP Neira Vilas de Peitieiros supuestamente sin los trámites municipales preceptivos (presentación de proyecto y obtención de licencia de obra) y que lleva más de tres meses sin poder funcionar por no contar con la autorización municipal pertinente.
Para el BNG “es lamentable ver a la Xunta del PP y al Concello del PSOE reproducir en Gondomar sus líos partidistas importados de Vigo o Madrid”, traslada la portavoz municipal Manuela Rodríguez, que considera “preocupante que lo hagan a costa del funcionamiento de una dotación que mejora las prestaciones de un centro educativo público”.
La portavoz nacionalista se pregunta “por qué no resuelven el problema en silencio, sin volver a poner a la comunidad educativa en el centro de la disputa, como administraciones responsables”. Y añade que gobierno local y gobierno gallego “deberían saber que las administraciones están para resolver problemas no para crearlos o agrandarlos”.
Al BNG este tira-afloja les recuerda al episodio del año 2021, cuando el alcalde Paco Ferreira decidiera comprar purificadores de aire con filtros HEPA para instalar en las aulas de los centros sin previa autorización de la Consellería de Educación y se topó con la negativa de esta. “Podría parecer que ahora el Concello le devuelve la negativa a la Xunta”, apuntan.
En cualquiera caso, desde el BNG trasladan que, más allá de las irregularidades que se produjeron en lo que respeta a los trámites administrativos para la instalación del ascensor para el CEP Neia Vilas, “que parece que las hubo y no menores tratándose de la actuación de una administración pública”, lo cierto es que ahora está colocado y su uso puede ser necesario en cualquier momento, por lo que sería insensato mantenerlo inoperativo durante más tiempo.
Es por eso que, si tal como se puede leer en los medios de comunicación, la documentación exigida por el Concello ya está presentada, instan a las partes a no dilatar más en el tiempo la legalización de la instalación y demandan de las dos administraciones involucradas la resolución de cualquier otro aspecto pendiente, para garantizar el funcionamiento del ascensor para el próximo curso.
