El gobierno municipal de Nigrán aprobó en el pleno ordinario del mes de junio una modificación de crédito de casi 860.000 euros para financiar diversos gastos, realizada con cargo a bajas por anulaciones de partidas y nuevos ingresos que provienen del aprovechamiento urbanístico de Porto do Molle aún pendiente de aplicación.
El BNG no discute la necesidad de estas inversiones, especialmente de algunos como la reparación de la cubierta del pabellón de Panxón o diversas obras de saneamiento, pero sí su financiación con los recursos procedentes del desarrollo urbanístico de Porto do Molle y la anulación de partidas para la mejora ambiental del entorno del polígono. Más teniendo en cuenta que el gobierno acaba de aprobar un presupuesto sin contemplar consignación presupuestaria suficiente para acometerlos.
La resolución del contrato para el acondicionamiento de los márgenes del río Muíños supone dar carpetazo a un “proyecto clave para este gobierno cuyo objetivo primordial es devolver al río su equilibrio natural”, en palabras del alcalde de Nigrán, Juan González, cuando anunciaba el inicio de las obras de recuperación de los márgenes del río y la creación de núcleos de ocio y deportivos totalmente integrados en el paisaje.
Esas obras se le adjudicaron a Audeca por algo más de medio millón de euros en el año 2018 y un plazo de ejecución de 10 meses. Siete años después y después de innumerables suspensiones, paralizaciones y diversas incidencias, se resuelve el contrato de mutuo acuerdo con los márgenes sin acondicionar y la supuesta zona deportiva convertida en un yermo.
A este respecto el BNG reclama que el crédito restante pendiente de aplicación por el aprovechamiento urbanístico de Porto do Molle, superior a los 4 millones de euros, se destine a la regeneración ambiental de los ríos Muíños y Nespereira, que bordean el polígono, así como a resolver la deficiente comunicación del parque empresarial con la Rúa dos Pazos. También a actuaciones destinadas a favorecer la promoción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, que es el primero de los destinos que contempla la ley para los bienes procedentes del patrimonio público del suelo.
