Las trabajadoras de residencias privadas de mayores y centros de día secundan este miércoles el tercer día de huelga en demanda de un convenio digno. Con todas las limitaciones que implican los servicios “máximos” del 100% decretados por la Xunta de Galicia, la CIG-Servizos valora de manera muy positiva el desarrollo del paro y la participación en las distintas movilizaciones realizadas en A Coruña, Cabanas, Narón, Lugo, Compostela, Vigo, Vilagarcía, Ribadumia, Pontevedra y Ourense.
El secretario de Negociación Colectiva de la CIG-Servizos, Adolfo Naya, destacó además que el personal que no puede ejercer su derecho a la huelga “sale a concentrarse a las puertas de los centros de trabajo durante las pausas para mostrar el apoyo a las reivindicaciones”.
A pesar de la disposición de las trabajadoras a luchar por unas condiciones justas, la patronal mantiene su silencio y continúa sin retomar las negociaciones de una mesa que no se reúne desde el pasado mes de octubre. Por eso, ya adelantó que, de no producirse avances, el 21 de mayo habrá una nueva jornada de huelga.
De igual manera, Naya criticó con dureza la postura mantenida por la Xunta de Galicia, nombradamente la Consellería de Política Social como departamento responsable del sector, “que ni se quiere reunir con la CIG, ni tampoco intermedia para desbloquear el conflicto”. “La Consellería sigue con la boca callada y lo único que hace es criticar a la CIG por no se sabe qué”, lamenta. Reitera que “la administración gallega se tiene que implicar” y llama a que, de una vez, “se ponga a trabajar para resolver este conflicto”.
Salarios de miseria y condiciones precarias
En esta línea, el representante sindical subraya que las demandas de las trabajadoras son tan básicas como tener unas tablas salariales acordes al SMI, avanzar en la reducción de la jornada laboral -que actualmente tienen fijada en las 40 horas semanales cuando ya está a debate la jornada de 37,5 horas-, ampliar las coberturas en las situaciones de IT o que se compensen los festivos.
“Más del 60% de las trabajadoras del sector tienen salarios por debajo del SMI”, denuncia Naya, por eso reclama que, como mínimo, se cumpla con lo que establece la legislación “y a partir de ahí, mejorar las retribuciones para poder comenzar a hablar de un convenio digno. Porque además hay que tener en cuenta que se trata de un sector esencial para la sociedad, pero poco valorado”, y en el que las grandes empresas obtienen beneficios millonarios.
Naya advierte que esta precariedad laboral se extiende a la calidad asistencial que se presta a las personas residentes y usuarias, tanto en los centros puramente privados como en los de titularidad pública, pero con la gestión privatizada. “Trabajan con personas, pero la organización es como la de una fábrica, con los tiempos muy limitados para darle los cuidados y la atención a cada persona, y con unas ratios obsoletas que obligan a soportar una sobrecarga de trabajo constante”.
Este esfuerzo físico y mental permanente repercute en la salud de las trabajadoras que se encuentran “exhaustas, cansadas y hartas”. Y aun así “van enfermas a trabajar para que no le apliquen los descuentos en sus raquíticos salarios, ya que no tienen complementadas las bajas al 100%”.
En este contexto, las trabajadoras son conscientes que sólo a través de la lucha y de la movilización conseguirán mejorar sus derechos y avanzar en el camino de la equiparación con las condiciones que ya tiene el personal de las residencias públicas de gestión directa.
