El Concello de Ponteareas pone fin a su primer Programa de Emergencia Social e Inclusión que acompañó y asesoró a 400 personas a lo largo de más de un año y da un paso más en las políticas de inclusión y solicita al gobierno del Estado la moratoria inmediata en la aplicación de la normativa que entrará en vigor de soluciones para las personas migrantes residentes en Mondariz Balneario.
Preocupada por la situación en la que desembocarán 120 personas migrantes de Mondariz Balneario, la alcaldesa, Nava Castro, llevará al pleno del martes la solicitud al Estado de la moratoria para los beneficiarios de la ayuda del Ministerio en la aplicación de la nueva ley de extranjería esperando que sea respaldada por todos los grupos de la Corporación y ser inmediatamente trasladada para frenar “medidas que perjudicarán a estas personas y tirarán a la basura todo el esfuerzo realizado a lo largo del año y el avance alcanzado en la integración de estas personas que buscan una vida mejor”.
Explica la alcaldesa que “solicitamos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración la declaración inmediata de una moratoria en la aplicación de la normativa de Extranjería que entra en vigor el 20 de mayo de 2025, en lo que respecta al cómputo del tiempo como solicitante de protección internacional a efectos de los permisos de arraigo a los beneficiarios de esta ayuda del Ministerio”. La nueva normativa impide computar el tiempo como solicitante de protección internacional a efectos del permiso de residencia por arraigo, abocando a estas personas a una situación de irregularidad obligatoria durante por lo menos seis meses a los que tienen desde hace dos meses el asilo denegado y dos años a todos los que les denieguen asilo a partir del 21 del pasado mes de marzo, sin recursos ni respaldo institucional. “Penalizando el proceso de integración que estas personas ya iniciaron con el apoyo de las administraciones locales y de entidades colaboradoras, y representa un retroceso humanitario y social que puede generar una crisis local de exclusión y pobreza”.
Alcaldesa y alcalde de Mondariz explican que esta medida excepcional y humanitaria permitiría garantizar la continuidad de los procesos de integración ya iniciados y “evitaría que decenas de personas queden en una situación de extrema vulnerabilidad, sin derechos, sin alternativas legales y sin capacidad para regresar a sus países de origen”.
Ponteareas, Mondariz y Mondariz Balneario asumieron en los últimos meses un papel activo y solidario en la acogida de personas migrantes y solicitantes de protección internacional, dentro de los programas impulsados por el Gobierno de España en colaboración con entidades sociales.
El hotel Marcote de Mondariz-Balneario acoge actualmente a más de 200 personas en el marco del programa gestionado por la ONG Rescate y financiado por el Ministerio del Interior, en respuesta a la saturación de los centros de acogida en las Islas Canarias.
“Muchas de estas personas vieron rechazada su solicitud de asilo o se vieron obligadas a desistir, encontrándose ahora en una situación de gran vulnerabilidad, sin alternativas habitacionales ni posibilidad de inserción laboral o social”.
Dentro del Programa de Emergencia Social e Inclusión del Concello de Ponteareas fueron atendidos en la línea de población inmigrante 150 personas de manera directa, a las que hay que le sumar familiares de las mismas a esta población migrante de Mondariz Balneario.
Precisamente, dentro de este programa el Concello informó de los cambios que esta nueva ley entraña en cuanto a los procedimientos, requisitos y plazos. Información esencial, según relata la educadora de esta línea Mayara Estevam de Limaxa y jurídica Laura Vázquez, que supondrá cambios profundos y una mayor complejidad, en especial en las situaciones de asilo político.
En diciembre de 2023 echaba andar el Programa de Emergencia Social e Inclusión del Concello de Ponteareas intervenido en una sola línea, la de las personas sin hogar, atendidos por una sola educadora, Montserrat Groba. Ante la realidad de Ponteareas y la intención del grupo de gobierno de ayudar a los que más lo precisan se solicitó el apoyo de la Consellería de Política Social para abarcar todas las líneas de actuación posibles. “Precisábamos atender a personas con casuísticas diferentes y fuimos a por todas. Solicitamos ampliar el apoyo para las personas gitanas, para las afectadas por el encarecimiento del precio de la vivienda y para aquellas que precisan asesoramiento familiar y conseguimos el respaldo de la Consellería de Política Social”, explica la concejala de Bienestar Social de Ponteareas, Raquel Plana.
De este modo Ponteareas se convertía en el segundo Concello de Galicia en trabajar todas las líneas siendo solo dos municipios los que apostaron tan fuerte. Un reto importante, según destaca la concejala, “pero ilusionante que nos deja en la línea de población inmigrante a 143 personas atendidas directamente aunque en la realidad más de 200 porque la persona usuaria siempre pide también asesoramente para su familia”. La cifra se completa y suma entre todas las líneas de intervención 290 personas beneficiarias directas, en realidad más de 400.
Un apoyo de casi medio millón de euros de Política Social, 450.000 € para atención directa, que posibilitó disponer de seis educadoras sociales más, una asesora jurídica, una técnica de gestión y una psicóloga. El programa llega ahora a su fin y finaliza el 30 de abril estando hasta el último día “abiertos para acompañar y asesorar de manera individual porque esta es la principal diferencia respecto a otros programas, el diseño personalizado”.
Explican que de las 143 personas, 93 personas completaron el itinerario que incluye entrevistas y actuaciones de mejora de su situación personal. Durante este tiempo se enfocaron los esfuerzos en cursos de alfabetización digital, de lengua gallega, castellano, de preparación de entrevistas, de búsqueda de empleo y valores de acogida, entre otros, desarrollados por profesionales expertos. Estos cursos facilitaron la preparación de los exámenes de lengua castellana y el de conocimientos constitucionales y socioculturales de España necesarios para solicitar la nacionalidad.
“Aunque la consecución de empleo no era el objetivo principal más de 30 personas comenzaron a trabajar porque ya tenían permiso de residencia, pero no encontraban empleo al no saber inscribirse en las demandas de empleo o encontrar formación gratuita, entre otras necesidades”.
