El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, reafirmó el compromiso del Gobierno de España con el acceso de los gallegos y gallegas a una vivienda digna. El delegado subrayó que “Vigo es un ejemplo claro de este esfuerzo, con inversiones superiores a los 43 millones de euros en los últimos años en políticas de Vivienda y Agenda Urbana”. “Apostando por la cogobernanza en aquellas políticas que son competencia de las Comunidades Autónomas, como es la vivienda y de la mano del Concello, estamos apoyando la creación de vivienda y mejorando barrios como Navia, Coia, Bouzas, el Casco Vello o Teis, impulsando nuevas viviendas de protección oficial y garantizando una ciudad más accesible”, explicó.
El delegado del Gobierno, acompañado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, visitó hoy los proyectos de construcción de 240 viviendas de protección oficial en el barrio de Navia. Estas viviendas cuentan con una aportación estatal de 11,5 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, canalizada a través de la Xunta de Galicia. “Hay un dato muy claro: 2 de cada 3 euros invertidos en vivienda pública en Galicia proceden del Gobierno de España, que destinó, en los últimos años, más de 520 millones de euros en vivienda pública”, explicó, recordando que “estamos presentes en todos los programas en materia de vivienda pública, colaborando con los ayuntamientos y con la Xunta, para garantizar una vivienda digna, en un esfuerzo sin precedentes por parte del ministerio que dirige Isabel Rodríguez para facilitar el acceso a la vivienda, rehabilitar barrios y, en definitiva, mejorar la vida de miles de familias gallegas”.
Además, Pedro Blanco detalló, entre otras inversiones, que el Gobierno destina 6,5 millones de euros del Plan de Recuperación al Programa de Rehabilitación de Viviendas a Nivel de Barrio. Esta iniciativa permitirá la rehabilitación de 970 viviendas en Vigo, beneficiando barrios como Beiramar, Coia, Bouzas, A Salgueira, Casco Vello, Lavadores, etc. En el marco de las políticas de Agenda Urbana, la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) dentro del PRTR supuso una inversión de más 21 millones euros en Vigo para fomentar la movilidad sostenible y contribuir a la transformación de la ciudad.
Pedro Blanco recordó que hoy entra en vigor la reforma normativa que les da a las comunidades de vecinos la última palabra sobre los pisos turísticos en sus edificios, con el objetivo de garantizar la convivencia y evitar el impacto negativo de la proliferación descontrolada del alquiler turístico. Para el delegado esta “es una medida clave para el equilibrio entre el derecho a la vivienda y el turismo”. Así, le reclamó a la Xunta que “colabore en la declaración de zonas tensionadas, porque vemos en otros territorios donde se aplica la Ley de Vivienda como se reducen los precios de los alquileres”. “La ley funciona, pero se precisa responsabilidad y altura de miras por parte de todas las Administraciones”, incidió.
