El PP Provincial de Pontevedra le va a reclamar al Gobierno de España que pague de inmediato la deuda histórica que tienen las arcas estatales con la Comunidad Autónoma de Galicia por la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, que ya alcanza los 240,3 millones de euros solo en el que se refiere a la ciudad de Vigo y se eleva hasta los 433,9 millones de euros incluyendo también a los otros 24 ayuntamientos de su área de influencia y de las comarcas del sur como O Baixo Miño, O Condado y A Paradanta.
En este sentido, hace falta cifrar las cantidades pendientes de dependencia por parte del Ejecutivo central, en el ámbito provincial, en 771 millones de euros en el marco de los 2.500 millones que se le dejaron de pagar a nuestra región por esta prestación básica en los últimos años.
Por ello, los populares van a llevar al próximo pleno de la Diputación, fijado para el viernes 28, una moción en la que le exigen al Estado que abone de inmediato los impagos en los que incurrió con Galicia en materia de dependencia, ya que se trata de fondos que tuvieron que adelantar la Xunta de Galicia y los ayuntamientos “y que nos corresponden para no seguir ahondando en la herida del castigo, maltrato y discriminación en la que el PSOE sigue hurgando con nuestra provincia”.
Además del abono de esta cantidad, derivada del incumplimiento de la financiación por parte del Estado, que nunca abona el 50% del coste de este servicio a pesar de que se lo exige específicamente la Ley de Dependencia de 2006, el PP también incluye en su propuesta que cesen los recortes en el ámbito de esta financiación, puesto que en 2023 el Gobierno de España siguió incumpliendo al pagar el 40% de esta prestación, pero el pasado ejercicio aún rebajó más su aportación con Galicia al sufragar solo el 34,9%. Además, las perspectivas para el presente 2025, sin Presupuestos Generales del Estado por segundo año consecutivo a consecuencia de las políticas y pactos del PSOE en Madrid, aun son peores y se teme otra bajada en el pago de la dependencia con el consiguiente perjuicio para los gallegos y los pontevedreses.
La tercera propuesta de acuerdo de esta iniciativa plenaria provincial consiste en trasladarle al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la necesidad de que, desde el presente año y sucesivos, asuma el 50% del coste del Sistema de Atención a la Dependencia de Galicia para que la Xunta y las administraciones locales no tengan que adelantar dinero y la prestación comience a estar adecuadamente financiada.
Los populares recordaron que estas solicitudes “son justas, necesarias y urgentes” y añadieron que lo que está haciendo el Gobierno de España “es incumplir una ley perjudicando, una vez más, a Galicia y a los pontevedreses”, ya que además esta financiación es imprescindible por las condiciones de nuestra comunidad, que es la segunda más envejecida de España tras Asturias y tiene la tercera ratio de dependencia más elevada después de esta región y la de Castilla y León. De hecho, la comunidad cuenta en la actualidad con 77.000 personas declaradas como dependientes, de las que 23.765 pertenecen a la provincia de Pontevedra.
Malestar por la infrafinanciación social
Esta propuesta plenaria y todas las cuestiones vinculadas a la dependencia y a los Servicios Sociales fueron abordados en una reunión mantenida en la sede provincial por el presidente popular, Luis López, y la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, con alcaldes, portavoces y concejales del PP en la provincia, que expresaron su malestar por la infrafinanciación a la que el Gobierno de España somete a nuestro territorio en otro ámbito más.
“Hay una seria preocupación en los 61 ayuntamientos por el constante racaneo del PSOE en cualquier ámbito, pero mucho más en un servicio fundamental que está orientado a cuidar y atender a los más vulnerables”, manifestó el también presidente de la Diputación, que valoró muy positivamente el alto nivel de los servicios y de las prestaciones impulsadas por la Xunta en esta materia, incluso con soluciones novedosas como el Bono Cuidado en el Hogar, dotado con 5.000 euros, la ayuda por plaza de residencia, centro de día o cuidador, que alcanza los 1.200 euros, o el plan de choque dotado con 90 millones para aprobar la resolución de ayudas en un plazo máximo de seis meses.
“Todo lo mucho y bueno que se hace en Galicia aún podría ser más y mejor si el Gobierno de España pagara la cantidad millonaria que nos debe, e incluso siempre defendimos, mucho antes que ellos, sus peticiones de universalizar la Ayuda en el Hogar o la teleasistencia, pero desde Madrid tienen que dejar de exigir sin poner dinero y comenzar por pagar los 771 millones de la dependencia de la provincia que se ahorraron hasta el momento”, concluyó Luis López.
