La CIG-Industria alertó hoy de que el anuncio de la asignación de la plataforma STLA Small para la fabricación de vehículos eléctricos a la planta de Stellantis en Vigo no va a suponer una solución para la actual crisis de la automoción gallega ni va a frenar la falta de carga de trabajo derivada de la crisis que atraviesa el sector del automóvil en Galicia y en Europa.
La central sindical critica que se presente como solución inmediata para el sector un proyecto previsto para mediados de 2027, “ya que durante estos dos próximos años y medio vamos a seguir sufriendo la ola de ERTE, ajustes de cuadros de personal, despidos y cierres de empresas de componentes”. Consecuencias de la actual crisis del sector a nivel europeo que van a recaer sobre las personas trabajadoras, “mientras las empresas seguirán obteniendo beneficios millonarios”.
Unas empresas que van a recibir millones de euros de ayudas, “como los 230 millones de euros que la Xunta le acaba de regalar a las compañías del sector -especialmente a Stellantis- mediante el Plan Director del Automóvil, sin ningún compromiso de mantenimiento del empleo, llegada de nuevas empresas de componentes, carga de trabajo o formación para las personas trabajadoras”.
Al mismo tiempo, desde la CIG hacen hincapié en el hecho de que la plataforma anunciada se asignó con el “sufrimiento” y pérdida de derechos de las personas trabajadoras de Stellantis en un convenio colectivo que trajo más precariedad y pobreza laboral, “algo que parecen olvidar las organizaciones sindicales con representación en el comité de Stellantis”.
Y recuerdan que mientras el anuncio de Stellantis se produce cuando su plan de deslocalización de empresas de componentes a países de bajo coste continúa: Benteler anunció recientemente la apertura de otra planta en Marruecos. “Un país al que la propia Xunta fomenta las deslocalizaciones, toda vez que el IGAPE cuenta con una antena empresarial allá para favorecer la implantación de empresas gallegas; o la propia Oficina Económica de Galicia, que tiene como uno de sus cometidos la implantación de empresas fuera de Galicia”.
En este contexto, para la CIG-Industria tiene especial gravedad que la plataforma anunciada se vaya a compartir con las plantas de Zaragoza y de Pomigliano, “que parten con ventaja ya que los Gobiernos español e Italiano están potenciando estas regiones mediante los fondos europeos Next Generation (PERTE VEC)”. De hecho, la instalación de la planta de baterías en Aragón, con una inversión de 5000 millones, va a poner esta región en valor en detrimento de la fábrica de Vigo.
Propuestas de la CIG para el sector
Ante esta situación de emergencia en el sector, la central exige a las administraciones públicas que impulsen un plan industrial para Galicia que propicie una automoción fuerte y generadora de empleo, al tiempo que demanda la participación de la Xunta directamente, o a través de empresas mixtas, en la constitución de nuevos proyectos. Y un compromiso del Ministerio de Industria y Transición Ecológica con el sector gallego que ayude a afrontar el futuro con garantías y que permita frenar el proceso de deslocalización.
También reclama la creación de una Mesa Gallega de la Automoción integrada por el CEAGA, las centrales sindicales y las tres universidades gallegas que impulse un plan gallego para la industria de la automoción en el que se recojan medidas de apoyo en I+D+i.
Al tiempo que insiste en que las subvenciones y ayudas millonarias que se le dan a Stellantis tienen que tener el compromiso de la planta de Vigo de garantizar la creación de empleo en todo el tejido industrial, especialmente en las empresas de componentes.
Otras de las propuestas de la CIG pasan por la instalación de una planta de baterías en Galicia, “porque no tener una planta de fabricación de baterías expulsa el sector gallego de la automoción del tablero de la fabricación del coche eléctrico”. Por lo que demanda también una apuesta por la fabricación de los nuevos componentes del automóvil eléctrico.
Además, considera fundamental implementar un plan de rejuvenecimiento de los cuadros de personal, “para lo cual solicitamos que se hagan las modificaciones oportunas y se restablezca el derecho a la jubilación parcial a los 60 años para todos los colectivos”.
Finalmente, apuesta por la creación de una tarifa eléctrica gallega más competitiva para la industria al ser Galicia una región productora y excedentaria.
