El BNG de Gondomar llevará a pleno la situación provocada por la escasez de personal en el centro geriátrico residencial Vila do Conde, radicado en la parroquia de Vilaza. Una residencia de mayores de gestión privada que cuenta con 130 plazas asistenciales de las que 32 son públicas concertadas con la Xunta.
La portavoz municipal Manuela Rodríguez y la diputada del BNG Carmela González mantuvieron una reunión con una representación del Comité de Empresa. En ella, las trabajadoras trasladaron que la residencia cuenta con menos personal del que establece la normativa para este tipo de centros. Así, para atender a las 130 personas usuarias, solo cuentan con 9 auxiliares y una limpiadora en el turno de mañana, en la de tarde 7 auxiliares y ninguna limpiadora, y únicamente 2 auxiliares y una enfermera en la de noche.
Esta evidente carencia de personal supone que cada trabajadora realice mucho más trabajo en el mismo espacio de tiempo, implica un peor desempeño y provoca en ellas una elevada sobrecarga física y mental que acaba afectando a la calidad del servicio.
La falta de efectivos provoca que por la mañana los mayores guarden cola para la ducha y vestido, lleguen más tarde al desayuno, tomen la medicación con desfases en los horarios o que no cuenten con nadie que los pueda acompañar al servicio o les ayude en su higiene personal.
La escasez de personal también supone que las trabajadoras, para poder hacerlo todo antes del final de su turno de trabajo, tengan que acelerar la recogida del comedor después de la comida o la recogida de residentes a la hora de acostarse, o reducir las labores de limpieza de las dependencias o en el servicio de lavandería.
Desde el Comité de Empresa explican que los incumplimientos en materia de personal ya fueron constatados por la propia Inspección de Mayores, Discapacidad y Dependencia en 2023 y 2024, lo que motivó la apertura de dos expedientes administrativos que la Consellaría de Política Social aun no resolvió y de los que tampoco les dan información.
Es por eso que, una vez agotada la vía del diálogo con la empresa, que se niega a atender las demandas de las trabajadoras, y ante la pasividad de la Consellería y de la Inspección de Mayores, que ni resuelve los expedientes ni recibe al comité para atender las incidencias, decidieron trasladar públicamente la situación.
Delante de estos hechos, las nacionalistas consideran que no se pueden mantener unas condiciones laborales que suponen un exceso de carga de trabajo para el personal, que provoca numerosas bajas, riesgos psicosociales, estrés y ansiedad, y que conlleva, además, un grave deterioro de la calidad asistencial recibida por los residentes del centro residencial Vila do Conde. “Por eso vamos a presentar iniciativas tanto a nivel municipal como en el parlamento gallego. Hace falta exigir responsabilidades a la empresa y a la Consellaría de Política Social para garantizar la correcta prestación del servicio y la óptima calidad asistencial”, indica Carmela González.
Moción en el Concello de Gondomar
La portavoz municipal del BNG, Manuela Rodríguez, anuncia que viene de presentar ya “una moción instando al gobierno local a mediar, en defensa de los derechos e intereses de las personas residentes y de las trabajadoras, para demandar de la dirección del centro que adecúe el cuadro de personal a la dimensión del trabajo a desarrollar en este centro geriátrico”, explica Rodríguez.
La moción también demanda de la Xunta de Galicia que ejerza su deber fiscalizador, exigiéndole a la empresa el cumplimiento del convenio colectivo y el incremento del cuadro de personal para adecuarlo, en todos los turnos, a las ratios establecidas por la propia administración gallega para este tipo de centros asistenciales. Asimismo, insta a que Política Social resuelva los expedientes pendientes y traslade su contenido a las representantes de las trabajadoras.
“El Concello de Gondomar debe velar por el bienestar de todos sus vecinos, y las 130 personas residentes en Vila do Conde también hacen parte de ella”, remarca la concejala. “Es lo que hace falta hacer, por respeto a las y a los mayores que ahí residen y a sus familias que están pagando, no poco, por un servicio que actualmente no reciben”.
