Desde el pasado mes de diciembre, los vecinos propietarios de parcelas incluidas en la red de fajas secundarias de gestión de biomasa que establece la Ley 3/2007 de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia están recibiendo del Concello de O Porriño diligencias de notificación para el tratamiento urgente de la biomasa de estas áreas. La aplicación de esta ley es responsabilidad de la Xunta, pero el Concello firmó un convenio municipal que le permite actuar en las fajas secundarias de alto riesgo de incendios visitando las parcelas, a través de la empresa SEAGA.
El BNG siempre defendió un tratamiento adecuado de la superficie de monte, así como hacer una progresiva sustitución de las especies más peligrosas en situaciones de incendio por frondosas propias. Pero lo que reclama la fuerza nacionalista es que este proceso debe ser progresivo y no se debe intentar ejecutar de una forma abrupta, alarmando al conjunto de las personas pequeñas propietarias.
“No se entiende la urgencia en los plazos de ejecución y tampoco errar en la identificación catastral de las personas propietarias o que se advierta que hubo una inspección previa antes de la emisión de la carta cuando están siendo advertidos propietarios que ya tenían sus parcelas limpias. Y el BNG ha detectado contradicciones a la hora de informar desde el Concello a la ciudadanía, según la persona que informe a los metros afectados varían; o que se presente por defecto, la totalidad de una propiedad afectada cuando según el Visor de la Xunta de Galicia de Fajas Secundarias solo es una parte la incluida dentro del área de especial atención contra los incendios”, señalan los nacionalistas.
El BNG advierte que la inseguridad y el miedo a la sanción que se está provocando entre la ciudadanía llevará al mercado una gran cantidad de m3 de madera. “De este modo, las personas propietarias tendrán que malvender la madera, por lo que los beneficios que el sector maderero obtendrá de este contexto de urgencia son incuestionables. Es injustificable la creación de esta preocupación. La misma Ley 3/2007 recoge medidas para potenciar la plantación de especies frondosas en comparo a la otras muy peligrosas en situaciones de incendio, como el eucalipto o el pino que no se desarrollaron. En su lugar, el PP aprobó una moratoria desde 2021 hasta este 2025 para la implantación efectiva de la prohibición de la plantación del eucalipto”.
El BNG de O Porriño considera que intentar solucionar de este modo un problema estructural con unos plazos tan pequeños no es la vía más acertada, y hacer recaer toda la responsabilidad en las personas propietarias elude a la responsabilidad que el PP tiene en todo este proceso.
La fuerza nacionalista se dirige al gobierno de Alejandro Lorenzo para indicarle que la existencia de una persona técnica del medio en el Concello de O Porriño mermaría “el desconcierto que provocó la imprudente gestión de su gobierno”. Esta figura, que el BNG lleva meses reclamando, sabría canalizar de una manera adecuada y con formación las dudas de los vecinos. Pero la inexistencia de este personal técnico es, para el bloque, una muestra más de la poca importancia con la que el PP de Lorenzo trata el medio.
