La CIG-Industria insta a las Administraciones públicas a ejercer los controles necesarios para finalizar con el abuso de ERTE y de contratación fraudulenta a través de empresas de trabajo temporal en el sector gallego de la automoción. De manera que la central se dirigirá tanto a la Consellaría de Emprego como a la Inspección de Trabajo para solicitarles reuniones en las que abordar estas problemáticas que están padeciendo los cuadros de personal en la actualidad.
El anuncio fue hecho por el secretario nacional de la federación, Xoán Xosé Bouzas, al final de la movilización desarrollada hoy delante de la delegación de la Xunta en Vigo por delegados/as de la CIG en la industria del automóvil de las comarcas de Vigo, Pontevedra y Ourense para denunciar que este tipo de prácticas están ahondando en la precarización de las condiciones laborales en el sector e impiden la conciliación de la vida laboral y familiar. Estas y otras cuestiones fueron abordadas previamente en una asamblea celebrada en el local del sindicato en la ciudad.
“En los próximos días registraremos las peticiones para mantener estas reuniones a nivel gallego con el propio conselleiro y con los responsables de la autoridad laboral para reclamarles que hagan seguimiento exhaustivo de todos los ERTE que se están aplicando en el sector, porque consideramos que son abusivos y no están justificados”, señaló Bouzas. Además de los ERTE la central trasladará otra problemática que se está extendiendo en el sector, como son los contratos fraudulentos mediante ETT y el abuso de las horas extras.
“En estos momentos algunas empresas ya anunciaron ERTE de hasta 100 días, lo que significa que muchas personas trabajadoras van a pasar la mitad de su jornada anual (de alrededor de 210 días) en ERTE”. Unos ERTE que “no están justificados” y que las compañías auxiliares utilizan como herramienta de flexibilidad laboral “impuesta por Stellantis”.
Otra de las reivindicaciones de la CIG para el sector es finalizar con la contratación fraudulenta a través de ETT, “ya que se están cubriendo como norma docenas de puestos fijos en las empresas mediante personal eventual”.
El secretario nacional de la CIG-Industria también incidió en la responsabilidad de la Xunta en todo lo que está sucediendo en el sector a consecuencia de la falta de una política industrial de país. “El último ejemplo lo tenemos en la reciente visita del presidente Rueda a la planta viguesa de Stellantis para mendigar que le digan cuáles son los planes de la empresa, cuando debería ser al revés: él tendría que convocar a la dirección de la empresa para trasladarle el plan de la Administración autonómica para garantizar el futuro de la automoción”.
Bouzas criticó que las únicas declaraciones del presidente gallego tras el encuentro con los responsables de Stellantis se limitaran a exaltar la “competitividad” de la empresa y a anunciar nuevas ayudas millonarias “cuando nada se sabe aún de los proyectos que ha pensado llevar a cabo en Vigo y ya se confirmó que la megaplanta de baterías va para Zaragoza”.
Finalmente, el responsable sindical hizo mención a la Ley de Industria estatal que viene de ser aprobada, que obliga a las empresas a devolver las subvenciones únicamente si deslocalizan fuera de la “zona euro” pero no vincula estas ayudas al mantenimiento de los empleos. Al tiempo que no contempla ni una sola línea de actuación para consolidar y ampliar el papel principal del sector público ante las amenazas que enfrenta la industria, nombradamente la de la automoción.
