Tal y como se anunció en la jornada de huelga convocada por la CIG en la automoción gallega el pasado 28 de noviembre, la campaña puesta en marcha por la federación de Industria en defensa del empleo y de unas condiciones laborales dignas en el sector continúa. En esta ocasión la central sindical centrará sus reivindicaciones en el abuso de los ERTE y en la contratación fraudulenta, cuestiones que abordará en una asamblea de delegados/as el próximo miércoles 18 de diciembre. A su finalización desarrollará una concentración delante de la delegación de la Xunta de Galicia en Vigo a las 12:00 horas.
En la CIG-Industria ven con preocupación como en los últimos días algunas de las principales empresas del sector -entre ellas Stellantis, OP Mobility o Faurecia Asientos- están confirmando la presentación de nuevos ERTE. “Algunos de 40 días, pero otros de hasta 100; por lo que de 210 días de trabajo anual estamos hablando que muchas personas trabajadoras van a pasar casi la mitad en ERTE, lo que nos parece una auténtica barbaridad”, denuncia el secretario nacional, Xoán Xosé Bouzas.
Más aún cuando las causas que motivarían esta medida no existen, tal y como sostienen desde la CIG. “Lo que hacen las empresas es usarlos para flexibilizar las jornadas de trabajo, ahondando en la precarización e impidiendo el derecho de conciliación”. En este sentido, señalan el papel que está jugando Stellantis en este proceso de deterioro de las condiciones laborales en el sector, “ya que las compañías que no implantan este modelo no pueden ser clientes suyas”. Por lo que está imponiendo unas condiciones “salvajes” en el conjunto de la industria gallega del automóvil con la “excusa” de la competitividad.
La central sindical entiende que la mayoría de los ERTE están saliendo adelante en fraude de ley, por lo que insta a la Consellaría de Emprego y la Inspección de Trabajo “a velar para que finalice esta práctica y se hagan informes negativos”. Al mismo tiempo, recuerdan que la situación es consecuencia directa del sistema de ERTE “a la carta” implementado por el Ministerio de Trabajo durante la pandemia, “un sistema que por lo que se ve vino para quedarse, y que lo único que hace es pagar con dinero público las paradas de la producción de Stellantis”.
Otro de los caballos de batalla de la CIG en el sector es finalizar con la contratación fraudulenta a través de ETT, “cuyo abuso denunciaremos ante la Consellaría y de la autoridad laboral, ya que se están cubriendo como norma docenas de puestos fijos en las empresas mediante personal eventual”.
El secretario nacional de la CIG-Industria incide también en la responsabilidad de la Xunta en todo lo que está sucediendo en el sector a consecuencia de la falta de una política industrial de país. “El último ejemplo lo tenemos en la reciente visita del presidente Rueda a la planta viguesa de Stellantis para mendigar que le digan cuáles son los planes de la empresa, cuando debería ser al revés: él tendría que convocar a la dirección de la empresa para trasladarle el plan de la Administración autonómica para garantizar el futuro de la automoción”.
En este sentido, Bouzas critica que las únicas declaraciones del presidente gallego tras el encuentro con los responsables de Stellantis se limitaran a exaltar la “competitividad” de la empresa y a anunciar nuevas ayudas millonarias “cuando nada se sabe aún de los proyectos que ha pensado llevar a cabo en Vigo y ya se confirmó que la megaplanta de baterías va para Zaragoza”.
Pero el responsable sindical también pone el foco en la Ley de Industria estatal que viene de ser aprobada, ya que obliga a las empresas a devolver las subvenciones únicamente si deslocalizan fuera de la “zona euro” y no vinculan estas ayudas al mantenimiento de los puestos de trabajo. Al tiempo que no contempla ni una sola línea de actuación para consolidar y ampliar el papel principal del sector público ante las amenazas que enfrenta la industria, nombradamente la de la automoción.
