El BNG reclama a la Xunta que intervenga ante los “injustos” despidos en ZF Lifetec Vigo

El Bloque Nacionalista Galego reclama a la Xunta de Galicia que intervenga en calidad de autoridad laboral ante el “injusto” despido de tres trabajadores en la empresa ZF Lifetec en Vigo. El frente nacionalista traslada además iniciativas al Parlamento gallego ante las “incertidumbres” que amenazan el futuro del sector de la automoción por el avance de la deslocalización productiva y de la precariedad laboral.

“El BNG queremos mostrar nuestro total rechazo a estos despidos y a los 150 anunciados por Akwell, que son una muestra de la situación crítica que atraviesan las trabajadoras y trabajadores de la automoción”, defendió la diputada del BNG en el Parlamento gallego, Carmela González, después de reunirse este martes junto con el diputado Brais Ruanova y el portavoz municipal en Vigo, Xabier P. Igrexas, con representantes del Comité de Empresa de ZF Lifetec (antigua Dalphi Metal).

González denunció el agravamiento de las condiciones laborales en el sector, con ritmos de trabajo “insostenibles”, con alta temporalidad en los contratos, con desregularización de las jornadas laborales que imposibilitan la conciliación, con cada vez mayor subcontratación y con el uso de Centros Especiales de Empleo que “explotan a personas con discapacidad como mano de obra barata subvencionada por las administraciones”.

A este respecto, la diputada nacionalista advirtió de la continuidad del “abuso” de los ERTEs de cara al año 2025, que afectan en la actualidad al 90% de las empresas de la automoción gallega, transformando empleos indefinidos en fijos discontinuos a costa de dinero público. “Muchos casos son fraudulentos ya que no cumplen con la semana de preaviso y son los propios trabajadores los que sufragan estas paradas con sus prestaciones por desempleo”, afeó.

Desde el BNG insistieron en que las Administraciones Públicas “no pueden seguir subvencionando la precariedad laboral”, destacando que los fabricantes continúan aumentando sus beneficios mientras el personal pierde poder adquisitivo y derechos. “El plan no es otro que hacer que las trabajadoras y trabajadores paguen los costes de la transición al vehículo eléctrico, que va a suponer el cierre de plantas”, alertó González.

Amenaza de la deslocalización

Amenazas a las que se suma la creciente deslocalización de la producción hacia terceros países, como Portugal, mientras en Galicia no se instaló en los últimos años ni una sola fábrica del sector, ni plantas de componentes ni la demandada fábrica de baterías. “Al mismo tiempo que ZF Lifetec despide a 3 trabajadores, en lo que parece un avance de los que van a venir, acaba de montar una planta en Marruecos”, criticó la diputada del Bloque.

Una deslocalización que, afeó González, está siendo subvencionada también por el propio Gobierno gallego. “La Xunta del PP permite que las ayudas que concede para proyectos y empresas asentadas en Galicia se destinen a otros territorios o países”, subrayó, demandando que estos fondos públicos obliguen a las empresas a mantener los puestos de trabajo y la carga productiva en el país.

Medidas por el futuro de la automoción

En la misma línea, el diputado Brais Ruanova acusó al Gobierno de Alfonso Rueda de “tirar balones fuera” y de “promesas incumplidas” en materia industrial, comprometiendo así el futuro de un sector estratégico como la automoción para Vigo y para Galicia. “El Gobierno Gallego aun no presentó ningún plan que contemple el impacto de la transición al vehículo eléctrico sobre el empleo y la carga de trabajo”, lamentó.

Ruanova criticó que la única apuesta económica del PP en la mayor ciudad gallega sea el “monocultivo del Xacobeo”, relegando a un papel secundario las políticas activas y las competencias del Gobierno gallego en materia de industria, un sector en el que se destruyeron hasta 1.800 empleos en Vigo solo en el último trimestre del año.

Frente a esta situación, el diputado nacionalista enumeró tres propuestas del BNG para impulsar el sector de la automoción en el área viguesa. Por un lado, con medidas para atraer nuevos actores que disminuyan la actual dependencia de un único gran fabricante como Stellantis, garantizando carga de trabajo en la industria auxiliar. Por otro, la necesidad de desarrollar proyectos destinado al coche del futuro como semiconductores y baterías. Y también por blindar que las ayudas públicas impidan la deslocalización.