Delegadas y delegados de la CIG se concentraron este miércoles delante de los edificios administrativos de la Xunta de Galicia en las siete ciudades en rechazo a la ampliación de las competencias de las mutuas y que estas puedan gestionar las bajas por dolencias músculo-esqueléticas. La central reitera su firme oposición a dar más poder a estas entidades privadas, “fuente de abuso a favor de los intereses de la patronal”, y le reclama a la Xunta que no ceda competencias que son propias de la sanidad pública.
“Lo que se pretende es seguir descapitalizando la sanidad pública y ampliar el ámbito de actuación de las mutuas cuando hoy ya son un instrumento que ataca la salud de las personas trabajadoras, tanto en lo relativo a la prevención de riesgos laborales como, de manera especial, en la atención a las enfermedades profesionales o a los accidentes de trabajo”, criticó el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, al inicio de la concentración realizada en A Coruña.
Recuerda que la posibilidad de que sean las mutuas las que gestionen los procesos de Incapacidad Temporal y las patologías derivadas de enfermedades músculo-esqueléticas aparece recogido en el acuerdo de pensiones firmado en el diálogo social el pasado 19 de septiembre por el Gobierno español, los sindicatos CCOO y UGT, y la patronal estatal.
Al tiempo, señala que este era uno de los puntos recogidos en el V Acuerdo de negociación colectiva pactado entre la CEOE y las centrales españolas en 2023, en el que ya se recomendaba promover acuerdos con las administraciones para reducir la duración de las bajas, culpabilizando así a las personas trabajadores por estar enfermas, “cuando es el sistema laboral y de gestión de las mutuas el que falla porque muchas de las bajas por contingencias comunes deberían ser contingencias profesionales, al ser derivadas del propio trabajo”.
El secretario xeral de la CIG pone el acento en que las enfermedades músculo-esqueléticas están presentes en todo el mundo laboral, con especial incidencia en el sector industrial y en aquellas actividades más feminizadas y relacionadas con el sector servicios.
Convenios de colaboración
Para efectivizar este traspaso de actuaciones propias del SERGAS, la Consellaría de Sanidade debe suscribir convenios de colaboración con las mutuas, la dirección xeral de Ordenación da Seguridade Social y el INSS. “En las diferentes reuniones que mantuvimos con la Xunta de Galicia -con plenas competencias en materia sanitaria- para tratar este problema, le reclamamos que se negara a firmar estos convenios, porque está en riesgo la atención a las personas trabajadoras”.
Porque bajo la excusa de que las mutuas pueden aligerar las listas de espera, “lo que se combinan son dos elementos perniciosos que queremos denunciar y enfrentar: de una parte, se ahonda en la privatización de la sanidad pública a la que no se dota de los recursos suficientes, y de otra, se quiere que sean las mutuas las que bajo criterios puramente economicistas traten a las personas trabajadoras”.
Por eso, apunta Carril, la CIG hace hoy estas movilizaciones para demandarle al Gobierno gallego que “dé ese paso adelante y se niegue a otorgarle más poder a las mutuas”. Y con este objetivo, la central nacionalista también inició una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para que promovieran iniciativas a este respecto, “pero hasta ahora solo nos dio respuesta el BNG”.
Sobre los planes de la Xunta, Paulo Carril criticó que aunque la administración se limita a decir que está estudiando el convenio que le remitió el Gobierno español, lo cierto es que en el mes de agosto ya aplicó una modificación normativa con el objetivo de intensificar las citaciones en la Inspección Médica para revisar muchos expedientes de bajas laborales, “sobre la base de una gran mentira: que el absentismo es un mal que hay en la clase trabajadora que impide el empleo”.
Finalmente, el secretario xeral denunció que en el reciente acuerdo de pensiones se dificulta el acceso a la jubilación parcial y no se reconocen coeficientes reductores para la jubilación anticipada a los colectivos laborales que padecen condiciones de especial penosidad, peligrosidad o toxicidad; “pero se pretende poner a las personas a trabajar cuando no están en condiciones de salud y por encima haciendo negocio para las entidades que van a gestionar esas dolencias, que son las mutuas”.
