Oposición total al parque eólico proyectado en la Sierra de la Groba

Con un “estamos los que somos pero no todos los que deberíamos estar”, el alcalde Carlos Gómez se mostró así de crítico con la ausencia de algunos de los representantes políticos de los municipios afectados a la convocatoria fijada en la mañana de ayer en la Plaza del Concello en señal de rechazo a la construcción del parque eólico “Albariño I”. Cuenta con la autorización de la Xunta de Galicia y este jueves finalizó el periodo de exposición pública de 15 días contemplando el levantamiento de un total de media docena de aerogeneradores de 125 metros de altura cada uno afectando a Baiona, Oia y Tomiño con una inversión que supera los 20 millones de euros. La oposición es total, y pese a la reducción del plazo habitual de presentación de alegaciones de un mes a dos semanas, desde la Plataforma SOS Serra da Groba destacan el gran trabajo realizado con más de 3.000 alegaciones al plan, cada una compuesta por 37 puntos.

Gómez adelantó que tanto él como su equipo de gobierno se opondrán drásticamente a su construcción, y que “llegarán hasta el final recurriendo a la justicia si fuese preciso” para evitar “este espolio consentido por la Xunta”. Denuncian una fragmentación fraudulenta, ya que el complejo abrirá las puertas a otros dos que en total esparcirán más de 25 aerogeneradores por gran parte de las localidades que componen el Val Miñor y Baixo Miño, aunque potencialmente se contemplan más de 50. Alertan de que las tres empresas que solicitan su instalación en realidad son filiales de una principal.

En la mañana de ayer, los alcaldes de la villa marinera, Nigrán, Gondomar y el de A Guarda así como colectivos, plataformas y representantes políticos o vecinales de O Rosal, Tomiño, Oia y Tui se unieron a la movilización. Bruno Centelles, portavoz de SOS Serra da Groba, lamenta el modo de proceder de las autoridades, que calificó de “colonialismo del siglo XXI”, y advierte que la problemática no solo se extiende por el resto de la comunidad, sino también por el norte de Castilla, León, Asturias, Cantabria o Aragón, entre otros enclaves. “Los beneficios no son para la ciudadanía, hay intereses de grandes empresas multinacionales y el verde no es ecológico sino verde billete”, aseveró.

Entre ánimos y aplausos de más de medio centenar de personas que acudieron ayer a la concentración con carteles y pancartas, Centelles insistió en la necesidad de impedir que se abra “el melón de A Groba”.