El Instituto de Estudos Miñoráns (IEM) denuncia la fragmentación artificial de los parques eólicos de la Serra da Groba, un procedimiento que abrevia y evita la intervención del Gobierno estatal en la autorización de los parques.
En la Serra da Groba la Xunta de Galicia ha previsto la instalación de 6 parques eólicos que desparramarán 44 aerogeneradores por toda Serra. En la actualidad están en fase de tramitación el parque eólico de O Rosal y el Parque eólico Torroña I, y las estos se sumarán los parques eólicos Toroña, Torroña III, Merendón y Albariño I. Las infraestructuras eólicas afectarán a los ayuntamientos de Baiona, Oia, Tomiño, y O Rosal.
La denuncia pública presentada por el IEM se basa en los siguientes hechos:
Por un lado y tal y como se recoge en el documento inicial de Evaluación de Impacto Ambiental del parque eólico Torroña I, promovido por la empresa ACCIONA Energía y que actualmente se encuentra en fase de exposición pública, “la energía generada por el parque eólico se evacuará a través de la subestación prevista para el parque eólico Albariño I… Dicha subestación servirá de infraestructura elevadora, además, para el futuro parque eólico Torroña III”.
Por otro lado la distribución de los aerogeneradores en los diferentes parques eólicos, tal y como constan en los proyectos en tramitación y en el Registro Eólico de Galicia, están mezclados y no existe una discontinuidad geográfica entre ellos especialmente en el que alcanza a los parques eólicos Toroña y Torroña III, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen.
Por lo tanto, puesto que comparten infraestructuras y que las áreas de los distintos parques eólicos si solapan, la tramitación como parques eólicos individuales resulta presuntamente ilegal. Esta presunta fragmentación artificial de los parques eólicos tiene por objetivo no superar los 30 MW ya que, de este modo, la tramitación de sus expedientes se hace por la vía simplificada y la autorización queda en manos de la Xunta de Galicia, burlando así el deber legal que establece que a los parques eólicos de más de 30 MW deban tramitarse por la vía común y los de más de 50 MW, le corresponde al Gobierno estatal su autorización.
Esta manera fragmentada de tramitación de los proyectos eólicos supone una deficiente evaluación de los efectos ambientales que se generan por la totalidad de las infraestructuras eólicas al tiempo que se conculcan los derechos de información y participación de la ciudadanía.
La fragmentación artificial de los parques eólicos viene siendo una práctica muy frecuente que se ha denunciado en numerosas ocasiones hasta el punto de que los tribunales anularon el procedimiento de tramitación de algunos parques, reconociendo esta práctica ilegal.
Además de estas presuntas prácticas ilegales, en las últimas semanas se inició el procedimiento de tramitación de numerosos parques eólicos por toda Galicia. La Administración autonómica está aprovechando la situación de confinamiento y limitaciones de movilidad de la ciudadanía para tramitar los proyectos eólicos sabiendo que los ciudadanos no pueden informarse convenientemente y sin que se puedan celebrarse las asambleas preceptivas de las diferentes comunidades de montes afectadas.
Resulta llamativo el hecho de que, a pesar de estas claras vulneraciones de los derechos de la ciudadanía, las administraciones no garanticen los derechos de los ciudadanos de manera activa y tengan que ser la propia ciudadanía a que se vea en el deber de enfrentarse sola la estos procedimientos de tramitación administrativa. “No entendemos qué es lo que están haciendo los ayuntamientos que tendrán que asumir estos proyectos eólicos en contra de los acuerdos plenarios y mismo el Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico que asiste impasible a la fragmentación artificial de los proyectos con la finalidad de burlar sus competencias”. “La ciudadanía está sola y nadie vela por sus derechos”.
El IEM ya impulsó la elaboración de un manifiesto apoyado por más de 70 colectivos en contra de la instalación de los parques eólicos en la Serra da Groba. “No se trata de estar en contra o a favor de las energías renovables, ese no es el debate. Se trata de oponernos a un modelo energético que favorece el enriquecimiento de fondos de inversión extranjeros mientras la población local sufre las graves consecuencias medioambientales de este tipo de infraestructuras mientras seguimos siendo uno de los países que más cara paga a electricidad de Europa”.
A pesar de la falta de información pública y la tramitación tan opaca de estos proyectos sabemos, a partir de los dos documentos que se encuentran la exposición pública (O Rosal y Torroña I) que para la instalación de tan sólo 6 aerogeneradores serán necesarias,
– 17 millones de metros cuadrados (casi 1.700 hectáreas) de monte público afectadas.
– Más de 26.000 metros cuadrados de superficie explanación para plataformas de montaje
– Más de 20.000 metros cuadrados de explanación para zonas de trabajo.
– Más de 5 km de nuevos viarios de acceso.
– Casi 13 km de zanjas para la conducción de la electricidad producida.
Las aficiones al territorio serán hondas e irreversibles, no solo alterando el paisaje natural que se transformará en un paisaje industrial sino estropeando también hábitats y especies de interés comunitario en una comunidad (Galicia) que se encuentra a la cola del estado español en superficie protegida por la Red Natura 2000. Los daños al patrimonio arqueológico serán también graves, teniendo en cuenta además que en la Serra da Groba está la mayor concentración de yacimientos arqueológicos de Galicia. Serán graves también los impactos sobre los recursos hídricos superficiales y subterráneos que abastecen de agua potable a las poblaciones humanas del entorno y que acentuarán los problemas ya existentes de escasez de agua en épocas de sequía.
