A principios de este año, la mayor parte de las entidades financieras comunicaron que, a lo largo del mismo, restringirían los servicios de caja a partir de las 11:00 horas de la mañana, plan previo a la situación generada por la pandemia. Una restricción de servicio a la clientela, que debería ser investigada por se atenta contra los derechos de las personas consumidoras.
Durante el Estado de Alarma e incluso durante el período de hibernación de la economía, los servicios financieros fueron considerados esenciales. A pesar de todo, la mayor parte de los bancos mantienen su intención de restringir los servicios de caja de las oficinas, que dejarían de prestar servicio a la clientela que lo demande a partir de las 11:00 de la mañana. Una nueva restricción que afecta en mayor medida a las personas con dificultades para el uso de la banca electrónica o incluso de los cajeros, nombradamente las personas mayores. La brecha digital puede llevar la marginación financiera.
Estas restricciones de los servicios no tienen que ver con la digitalización, que es un medio, sino con un nuevo modelo de sistema financiero que, en vez de dar servicio, está centrado en la colocación de productos financieros cada vez más complejos. Con un modelo de organización del trabajo por objetivos que es claramente lesivo para los planteles de las entidades y también para la clientela. Quien tiene el deber de colocar un determinado número de productos financieros a una cartera delimitada de clientes fijada por el banco, puede tener un conflicto de intereses. No podemos olvidar que los escándalos en la comercialización de productos tuvieron su origen en ese modelo comercial y de organización del trabajo.
La puesta en marcha de las restricciones de servicio al mismo tiempo por parte de la mayoría de los bancos, coincidiendo incluso en el horario de las restricciones, apunta a la existencia de un pacto, que la CIG entiende debería ser investigado tanto por los Organismos reguladores, como por las Autoridades de consumo. En ese sentido, la CIG demanda que la Xunta de Galicia y el Gobierno Central pongan en marcha medidas inmediatas para garantizar los servicios financieros en las oficinas. Quien tiene una licencia bancaria no puede despreocuparse de dar servicio a la clientela.
