El BNG solicita una Junta Extraordinaria de la Mancomunidad ante las deficiencias de la piscina

Era la crónica de un escándalo anunciado, el BNG ya deja patente la falta de compromiso de todos los grupos políticos a la hora de defender los intereses de usuarios y usuarias frente a una concesionaria que queda más preocupada por viabilidar sus instalaciones privadas en Sabarís que en prestar el servicio público en la Piscina Mancomunada.

Es por ello que viene de solicitar al Gobierno de la Mancomunidad que no sólo convoque con carácter de urgencia a la Comisión de Seguimiento correspondiente, sino que se convoque una Junta de la Mancomunidad, publicitando e invitando a todas las personas afectadas la que asistan.

En esa Junta de la Mancomunidad deberá presentarse informe del supervisor contratado para comprobar la correcta ejecución de las mejoras exigidas, así como el mantenimiento acomodado de las instalaciones, incluida una relación de importes y facturas de las reparaciones y mejoras ejecutadas, informe que solicita también el BNG para el estudio por parte de toda la Junta de la Mancomunidad.

Asimismo, deben aclararse y depurarse responsabilidades en lo tocante a la contratación de una persona con un evidente conflicto de intereses con Serviocio, el por qué de que los tres Alcaldes del Val Miñor acudan a la Piscina Mancomunada y no sólo no comprueben la correcta ejecución de las obras sino que ni siquiera adviertan a la empresa concesionaria que en las condiciones en que estaba esta no podrían reabrir en las fechas acordadas.

También exige el BNG que se abra un expediente sancionador por faltas muy graves a la empresa concesionaria y que indemnice adecuadamente a los usuarios y usuarias, no sólo con el abono de un 25% o un 50% de la cuota mensual del mes de septiembre.

Hace falta recordar que sólo el BNG presentó alegatos al pliego del concurso y que en ellas reclamaba el estudio para la gestión pública del servicio, al poder comprobarse que en el régimen de concesión existían vicios e irregularidades que sólo provocaban un peor servicio a los usuarios y usuarias. En esos alegatos también se reclamaba la valoración de la calidad en la contratación, algo que la formación nacionalista considera fundamental, ya que ante posibles sanciones e indemnizaciones temen que sea el personal de las instalaciones quien paguen las consecuencias.