La CIG clama contra la desprotección de una trabajadora del Concello de As Neves que padeció acoso sexual

La Secretaría das Mulleres de la CIG desarrolló este viernes a mediodía una movilización delante del Concello de As Neves para denunciar la desprotección de una trabajadora que fue contratada a través de un programa de empleo para víctimas de violencia de género y que posteriormente padeció acoso sexual en su puesto.

La concentración, convocada en el marco de la campaña de la central sindical con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, sirvió también para trasladarle todo el apoyo y solidaridad a la afectada y para exigir responsabilidades tanto al autor de los hechos como al alcalde y jefe de personal, José Manuel Alfonso, por su actuación como responsable de la entidad empleadora. “Si tocan a una, respondemos todas” o “Fuera machistas de las instituciones”, fueron algunas de las consignas que se gritaron durante la protesta.

Desde la CIG explican que la afectada se incorporó al Concello a través de un programa de empleo destinado a víctimas de violencia de género. La Administración municipal conocía esta circunstancia y tenía, por lo tanto, la obligación de garantizar su protección y unas condiciones de trabajo libres de violencia.

Sin embargo, la Inspección de Trabajo, tras una denuncia presentada por la central, acreditó que la empleada sufrió acoso sexual en su puesto de trabajo y constató graves incumplimientos de las obligaciones preventivas por parte del Concello. Entre ellos, señala que la jefatura de personal minimizó los riesgos, que la trabajadora no recibió formación ni información preventiva y que no existía un protocolo frente al acoso cuando sucedieron los hechos. Además, la investigación municipal fue encomendada a una comisión sin formación específica en igualdad y violencia contra las mujeres.

En el marco de esta investigación, la afectada había denunciado comentarios de carácter sexual, el visionado de vídeos pornográficos en el centro de trabajo y un tocamiento sin consentimiento. La comisión municipal dio por acreditado este último hecho y apreció indicios del visionado de los vídeos en presencia de la empleada, aunque no llegó a calificar los comportamientos como acoso sexual.

La Inspección también considera que la condición de víctima de violencia de género, conocida por el Concello, debía activar las medidas de protección previstas en el artículo 25 de la Ley de prevención de riesgos laborales para las personas especialmente sensibles. Esto obligaba a realizar una evaluación específica de los riesgos y adaptar la organización y las condiciones de trabajo, prestando especial atención a los riesgos psicosociales. La resolución recoge propuestas de sanción por los incumplimientos detectados.

El agresor en su puesto y la trabajadora de baja

A pesar de la gravedad de los hechos, el trabajador señalado continúa ocupando su puesto sin que se le aplicara ninguna medida disciplinaria. El Concello le encomendó a la Diputación de Pontevedra la tramitación del expediente, que decidió suspenderlo a la espera de que se resuelva la causa penal. Mientras tanto, la trabajadora permanece de baja y sin que se adoptaran medidas que permitan reparar la situación de desprotección denunciada.

Desde la CIG también recuerdan que, antes de acudir al sindicato, la compañera había presentado quejas en el Centro de Información a la Mujer de Ponteareas. Según trasladó la afectada, no recibió respuesta ni información sobre las posibles actuaciones realizadas. “Cuando una mujer pide ayuda y las instituciones que tienen la obligación de protegerla no le ofrecen una respuesta eficaz, estamos ante un fallo del sistema de protección que también debe ser denunciado como violencia institucional”.

Por ello reclama que empresas y administraciones garanticen la protección de las trabajadoras víctimas de violencia de género mediante evaluaciones específicas de los riesgos, adaptación de las condiciones de trabajo, formación preventiva y una vigilancia de la salud adecuada. Exige también confidencialidad, protocolos frente al acoso conocidos por todo el personal, personas con formación específica para atender las denuncias y medidas inmediatas para evitar la exposición al acoso y las represalias.

Lo acontecido en el Concello de As Neves -advierte la central sindical- no es un caso aislado. Especial preocupación merece el sector de los cuidados, en el que numerosas mujeres se incorporaron durante años al mercado laboral mediante programas de inserción destinados a víctimas de violencia de género y donde aún no se están garantizando, en muchos casos, las condiciones mínimas de protección.

De forma que considera urgente revisar las condiciones de estos empleos y exigirles a las administraciones responsables de los programas que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. “La condición de víctima de violencia de género debe activar necesariamente las medidas de protección previstas en la legislación preventiva y que esta realidad debe tenerse en cuenta tanto en la evaluación de los riesgos como en la organización del trabajo, especialmente en lo relativo a los riesgos psicosociales”.

Finalmente, urge a depurar responsabilidades, a garantizar la protección efectiva para la trabajadora afectada y a adoptar medidas urgentes para que situaciones como esta no se vuelvan a producir. “En este Concello, en todos los Concellos y en todas las empresas”.