El BNG de Gondomar apoya la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, bajo el lema “Galiza en loita por unha vida digna”, con el objetivo de reivindicar el control de los precios de la vivienda y de los bienes básicos, la recuperación del poder adquisitivo y la garantía de los servicios públicos esenciales. La iniciativa reclama medidas urgentes frente al encarecimiento del coste de la vida y a la emergencia habitacional que están sufriendo las clases populares, las personas trabajadoras y las familias gallegas.
El BNG alerta de que vivir en Galicia es cada vez más caro, mientras los salarios y los ingresos de las familias no crecen al mismo ritmo que los precios. La alimentación, la vivienda, la electricidad, los combustibles y el transporte están reduciendo la capacidad económica de los hogares y comprometiendo también la actividad de personas autónomas, pequeños comercios y sectores productivos.
La moción reclama políticas públicas orientadas a reducir el coste de la vida, intervenir en los precios de los bienes esenciales y de la energía, mejorar los salarios y actualizar las pensiones. Asimismo, reivindica la garantía de los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación, los servicios sociales y los cuidados, como elementos fundamentales para asegurar unas condiciones de vida dignas.
La crisis de la vivienda
La formación nacionalista pone el foco en la crisis de la vivienda, que considera uno de los principales factores de precarización y empobrecimiento social. Por ello, la moción reclama a la Xunta de Galicia y al Gobierno del Estado la adopción inmediata de medidas efectivas para contener la escalada de los alquileres y garantizar el acceso a una vivienda digna a precios accesibles.
Entre las propuestas, el BNG exige la declaración de zonas de mercado residencial tensionado para poder limitar los precios de los alquileres; la regulación y limitación estricta de las viviendas de uso turístico; y la creación de un verdadero parque público de vivienda de alquiler protegido y accesible, mediante la movilización de la vivienda vacía y la gestión de los inmuebles procedentes de la SAREB, que en Galicia actúa, “como un verdadero fondo buitre”, denuncian.
El BNG considera que la inacción de la Xunta contribuye a agravar el problema y a expulsar a los vecinos de sus ayuntamientos. En este sentido, defiende que la vivienda debe ser tratada como un derecho fundamental y no como un instrumento de especulación, especialmente en un contexto que dificulta la emancipación de la juventud y compromete la estabilidad económica de numerosas familias.
La realidad gallega
La portavoz del BNG Manuela Rodríguez defendió en el Pleno que en Galicia sobran los motivos para la huelga y la movilización. La concejala destacó que la realidad gallega no se puede reducir a un problema coyuntural del Estado, sino que responde a un modelo de dependencia y expolio que hace que, a pesar de la riqueza en recursos naturales y energéticos del país, Galicia soporte salarios y pensiones más bajos, mientras exporta fuera el valor añadido de su producción.
Denunció que los hogares y las empresas gallegas pagan la energía a precios elevados a pesar de producirla, que los sectores productivos padecen el incremento de los costes mientras reciben precios insuficientes por su actividad y que la dispersión poblacional y los peajes encarecen aún más la vida diaria. Mientras, las grandes empresas energéticas, la banca y las inmobiliarias acumulan beneficios históricos.
Rodríguez incidió en que la brecha social no es un mal inevitable, sino que es consecuencia de decisiones políticas, y demandó una financiación que tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos en un país como el gallego, disperso y envejecido. Reclamó responsabilidades al Estado y a la Xunta, defendiendo que los recursos públicos deben estar al servicio de las personas, no del mercado especulativo.
Por todo esto, subrayó, es necesaria la huelga del 11N, e instó a que el Concello de Gondomar manifieste su apoyo y solidaridad con la huelga general del 11 de noviembre y que garantice plenamente el ejercicio del derecho fundamental de huelga del personal empleado público de la institución municipal.
