Tras salir a la luz la resolución firme de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que ordena la inmediata cesación de uso y la demolición de la carpa metálica e instalaciones anexas en el lugar de Condomínguez (Priegue) por considerar que las obras no son legalizables, desde Alternativa Vecinal Somos Nigrán quieren denunciar públicamente “la grave irresponsabilidad política y contable del equipo de gobierno municipal, encabezado por el Alcalde Juan González”.
La representante de Somos Nigrán, Lucía Chamorro, califica de “farsa pagada con dinero público” que el Concello de Nigrán destinara 26.559,50 euros del dinero de todos los vecinos a financiar y ejecutar una infraestructura permanente en suelo rústico de protección forestal, un espacio en el que la propia Xunta de Galicia viene de confirmar la incompatibilidad absoluta con el ordenamiento urbanístico.
Desde Somos Nigrán subrayan que el procedimiento contable del Concello pone en evidencia un fraccionamiento irregular de contratos e irregularidades graves en la tramitación: El Gobierno local aprobó en febrero de 2022 una modificación presupuestaria para adquirir la estructura de una carpa haciendo constar en el expediente que se destinaba a “instalaciones deportivas municipales”, pero no se destinó a un suelo de propiedad municipal, sino a un terreno privado.
Además, abonó el importe bajo el concepto de suministro dividiendo irregularmente el pago en dos facturas (16.637,50 € en diciembre de 2022 y 9.922,00 € en agosto de 2023) para eludir la licitación pública.
A este fraccionamiento se suma la ejecución de las conexiones de agua, luz y saneamiento, realizadas por los servicios municipales de Vías y Obras. “Al carecer la instalación de licencia urbanística y de contadores oficiales, desde la formación advertimos que dichos consumos seguramente están siendo asumidos directamente por el propio Concello, costeados por los vecinos de Nigrán”.
“Estamos ante un malgasto y un procedimiento irregular flagrante. El Concello tramitó la adquisición para una instalación deportiva municipal y terminó montándola en un suelo privado sin licencia, pagó el suministro sabiendo que la instalación era ilegalizable, conectó los servicios a costa de las arcas municipales y hoy el resultado es que más de 26.500 euros de todos los vecinos de Nigrán van a terminar convertidos en escombros por la orden de demolición de la APLU”, declara Lucía Chamorro.
Desde la formación también denuncian que, a pesar de que la resolución de la APLU ordena el cese de uso inmediato y de obligado cumplimiento, la instalación ilegal se sigue utilizando a día de hoy sin ningún tipo de reparo con el beneplácito del gobierno municipal.
“La Comunidad de Montes de Priegue, propietaria de la parcela donde se instaló la carpa, se limitó a actuar como el “tonto útil” y cómplice necesario de unos gestores que la utilizaron para darle cobijo en un suelo privado a un capricho personal y político. Pero la responsabilidad exclusiva del pago fraccionado del suministro y de las conexiones irregulares es del Gobierno municipal, que además permite que a día de hoy se siga utilizando la pista ignorando deliberadamente la orden de cese expreso de la APLU”, añade la portavoz.
Lucía Chamorro revela además que cuando tuvo conocimiento de estos hechos, por si pudieran ser constitutivos de delito, pormenorizó y puso toda la documentación en conocimiento de la APLU y de la Fiscalía de Área de Vigo en abril de este año.
