La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso interpuesto por la Autoridad Portuaria de Vigo y ha condenado al Concello de Vigo a abonarle 4.583.632,93 euros, más los correspondientes intereses legales, por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento municipal de las obligaciones de mantenimiento asumidas en el convenio Abrir Vigo al Mar.
La Sala recuerda que el convenio, suscrito en 1992 entre el Concello de Vigo, el Consorcio de la Zona Franca y la entonces Junta de Obras del Puerto de Vigo (hoy, Autoridad Portuaria), atribuía al Concello la obligación de mantener en perfecto estado de conservación los espacios afectados por la actuación. El tribunal destaca que las sentencias firmes dictadas por el propio TSXG en 2022 ya declararon ajustada a derecho la resolución del acuerdo por incumplimiento municipal y establecieron la necesidad de realizar una liquidación administrativa para determinar las cantidades a abonar.
Los magistrados explican que, tras la extinción del convenio, la Autoridad Portuaria tuvo que acometer diversas obras de reparación y reposición para restaurar los espacios afectados a su estado original. Entre ellas figuraban las actuaciones destinadas a reconstruir la zona colapsada durante la celebración de O Marisquiño en agosto de 2018. La liquidación aprobada cuantificó esos gastos y descontó expresamente las partidas consideradas mejoras, como el carril bici, así como otras actuaciones ajenas a la obligación de mantenimiento.
La sentencia rechaza las objeciones formuladas por el Concello respecto al procedimiento seguido para la liquidación del convenio. Según la Sala, la Autoridad Portuaria respetó los principios de audiencia, defensa y contradicción, permitiéndole formular alegaciones y aportar pruebas. Además, considera acreditado que las obras ejecutadas respondían al deterioro derivado de la falta de mantenimiento y que el Concello no presentó una valoración alternativa que desvirtuase los importes reclamados.
El TSXG concluye que ha quedado probado que el incumplimiento de las obligaciones de conservación convirtió al Concello de Vigo en deudor de los perjuicios sufridos por la Autoridad Portuaria, cifrados en el coste de las obras de reparación y reposición ejecutadas, por lo que lo ha condenado al pago de 4.583.632,93 euros. La resolución no es firme, pues contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
