La CIG dio esta mañana el pistoletazo de salida a los actos y movilizaciones previas a la huelga general prevista para el 11 de noviembre con asambleas comarcales de personas delegadas y protestas delante de los edificios de la Xunta para denunciar la “inacción y pasividad” del Gobierno gallego ante la situación de emergencia social que padece la clase trabajadora gallega y demandar un Plan de Choque para hacerle frente a la “insoportable” subida de los precios y garantizar el derecho a una vivienda digna.
La jornada de hoy forma parte de la campaña lanzada por la central sindical en el mes de septiembre bajo el lema “La subida de los precios que la pague el capital. Queremos vivir dignamente” y que contempla 10 medidas urgentes en materia de salarios, precios o vivienda, cuyas principales reivindicaciones se recogen ahora en la palabra de orden del paro general convocado por la CIG el 10N: “Galicia en lucha por una vida digna”.
En las asambleas se analizaron y se debatieron tanto el actual contexto socioeconómico como las principales propuestas que la central sindical está poniendo encima de la mesa, al tiempo que se abordó la convocatoria de huelga y la necesidad de que sea un éxito para forzar a los gobiernos a actuar con urgencia ante la crítica situación que atraviesa la mayoría social. De igual manera, la convocatoria tiene que servir también para dar una respuesta en la calle a la cada vez mayor tendencia reaccionaria que muestra el capitalismo en lo social, en lo económico y en lo político, y que se traduce en el crecimiento de la derecha, de la ultraderecha y del fascismo.
Con esta campaña la CIG pretende poner el foco además sobre el empobrecimiento generalizado de una clase trabajadora que está siendo privada también del acceso a una vivienda digna e incluso a productos básicos de alimentación, energía o combustible, tal y como señaló el secretario general, Paulo Carril, al final de la movilización que tuvo lugar en Vigo.
“Exigimos un cambio radical de políticas por parte de los Gobiernos español y gallego, ya que el primero aplica medidas insuficientes como los recientes decretos de vivienda o del llamado decreto ‘anticrisis’, y el segundo está obsesionado con las medidas de control del absentismo, como si este fuera el principal problema de la clase trabajadora gallega, y no el empobrecimiento y la desprotección a consecuencia de sus políticas privatizadoras de los servicios públicos”.
Por ello apeló a la necesidad de que el paro convocado sea “total” en nuestro país para evidenciar que “otras políticas son posibles” para garantizar los derechos laborales y una vida digna para la mayoría social. Políticas que deberían materializarse en un Plan de Choque que, entre otras cosas, contemple paralizar el aumento del gasto militar para dedicarlo a la protección social, a los servicios públicos y a contar con un sistema público gallego de atención a las personas de calidad; intervención pública en los sectores estratégicos (financiero, energético, alimentación, vivienda y movilidad) para garantizar unos mínimos de bienestar social; fijar el SMI en 1374,74 euros mensuales con carácter retroactivo desde el 1 de julio de 2026 para cumplir la Carta Social Europea.
Pero también, en materia de vivienda, es necesario prohibir los desahucios y proteger a las personas con dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca y congelación de las rentas de los alquileres y de las subidas de intereses hipotecarios, así como la puesta inmediata de las viviendas de la SAREB a disposición de personas y colectivos necesitados, limitar los alquileres de los grandes propietarios y crear un Banco Gallego de Vivienda para alquiler social.
En cuanto al sector alimentario, las medidas pasarían por establecer precios populares para los productos básicos y precios justos para las personas productoras e impedir la especulación de determinadas empresas del comercio alimentario. Otras propuestas son la creación de una empresa pública gallega de electricidad y de una Tarifa Eléctrica Gallega que evite también la especulación en este sector, junto con cambios en el sistema de precios y en la composición de la factura, el establecimiento de un precio máximo para gasolina y diésel mientras no se estabilicen los precios y el refuerzo del transporte público mediante más frecuencias, horarios más amplios, mayor acceso a los descuentos y ampliación de los trayectos gratuitos.
Finalmente, Carril incidió en que “esta huelga general tiene que servir en Galicia también para darle un empuje a muchos convenios colectivos que se están negociando en sectores muy importantes, como el comercio de alimentación de las provincias de A Coruña y Lugo y del metal y del comercio del metal de la provincia de Lugo”.
