El BNG alerta de los importantes problemas legales a los que se enfrenta el Concello de Ponteareas en el intento de incautar la garantía depositada por Óbolo por el contrato del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF). Según consta en el informe desfavorable de la Secretaría municipal, la propia decisión del Gobierno de resolver en su día el contrato por mutuo acuerdo, en lugar de hacerlo por incumplimiento culpable de la empresa, impide ahora aplicar la pérdida de la garantía en los términos pretendidos por el Gobierno local.
“El Gobierno del PP, con la complicidad de ACIP, quiso salvarle el culo a la empresa y ahora esa misma decisión puede acabar perjudicando a los intereses económicos del Concello”, denuncia el concejal del BNG, Miguel Bouzó.
El Bloque advirtió durante meses que Óbolo incumplía las condiciones del contrato del SAF y que el Concello debería haber actuado con firmeza para defender tanto los derechos de las trabajadoras como los intereses municipales. Sin embargo, el contrato acabó siendo resuelto por mutuo acuerdo. Por este motivo, el informe de Secretaría señala que no procede aplicar la pérdida de la garantía propia de una resolución por incumplimiento culpable, y recuerda que en el acuerdo de resolución no se pactó dicha incautación.
Además, el informe cuestiona la justificación de los 90.000 euros que el Gobierno pretende hacer efectivos, al señalar que la suma de los máximos de las penalidades previstas en el pliego no acredita por sí misma los daños efectivamente causados. También advierte que la valoración concreta de los daños incorporada al expediente no fue sometida a audiencia de la contratista y de la entidad avalista.
El concejal del BNG indicó que “el Gobierno primero ayudó a la empresa a incumplir el contrato, no tuvo la valentía de expulsarla y ahora pretende incautar la garantía con los informes en contra, abriendo la puerta a que Óbolo recurra y pueda ganar. Y nosotros no vamos a permitir que se vuelvan a reír de las trabajadoras y de los vecinos de Ponteareas”, dijo.
El BNG recuerda que, mientras el Gobierno local facilitaba la continuidad de la empresa, las trabajadoras del SAF en huelga tuvieron que soportar 70 días de lucha, con presiones y pérdidas económicas para defender sus derechos. “¡Cuánto sufrimiento se les podría haber evitado a las trabajadoras si el Concello las hubiera defendido desde el primer momento en lugar de ponerse del lado de la empresa!”, exclamó Bouzó.
“El caso del SAF resume perfectamente la manera de gobernar del PP y ACIP. Cuando había que defender a las trabajadoras, se pusieron del lado de la empresa y miraron para otro lado. Ahora, cuando pretenden recuperar el dinero, se encuentran con las consecuencias de sus propias decisiones. Ponteareas merece más rigor, más respeto y un Gobierno que defienda los intereses municipales y no juegue con el pan de las trabajadoras que sostienen la vida”, concluye Bouzó.
