El Pleno del Concello de Ponteareas aprobó la adjudicación del contrato de concesión del ciclo integral del agua a la empresa FCC Aqualia. Esta concesión tendrá una duración de 25 años y supone el cierre de dos años de compleja tramitación administrativa para integrar en una única gestión el abastecimiento de agua potable, el saneamiento y la depuración del municipio.
El nuevo modelo contempla una inversión de 32,5 millones de euros en infraestructuras hidráulicas. El objetivo principal es resolver de manera planificada una deuda histórica con el rural, extendiendo de forma global la red de saneamiento a todas las parroquias de Ponteareas. El proyecto también incluye la modernización de instalaciones obsoletas, digitalización de redes mediante sistemas GIS y mejoras en el control de la calidad y detección de fugas.
En el proceso de licitación participaron siete empresas, resultando ganadora la oferta de FCC Aqualia con la mayor puntuación (94,90 puntos). El procedimiento competitivo logró mejorar las condiciones económicas para el Concello: la aportación municipal se reduce en un 30%, pasando de los 500.000 euros previstos a 350.000 euros anuales (8,75 millones en el total del contrato). Como mecanismo de control, el 50% de esta aportación municipal será variable, ligada estrictamente al cumplimiento de los indicadores de rendimiento establecidos.
La concejala Raquel Bautista señaló que el acuerdo supone la “culminación de un expediente administrativo y jurídico que fue muy largo y de extrema complejidad, pero el resultado es inmensamente beneficioso para Ponteareas”.
Por su parte, la alcaldesa, Nava Castro, puso de manifiesto que “estamos hablando de un proyecto estratégico con el que resolvemos una deuda histórica con el rural. Nuestro objetivo es que ningún vecino o vecina se quede sin este servicio básico por el hecho de residir en una parroquia. Queremos avanzar para acabar con esa desigualdad y para que el lugar en el que viva una persona no determine los servicios públicos a los que puede acceder».
El Concello recalcó que el servicio seguirá siendo de titularidad pública y municipal, manteniendo las funciones de control, inspección y supervisión. Tras la aprobación plenaria, se abre ahora el período legal de espera ante posibles recursos en el TACGal antes de proceder a la firma definitiva del contrato y el inicio de la nueva gestión.
