La presidenta del Partido Popular, Luisa Sánchez, solicitó explicaciones al gobierno local ante la “incertidumbre y la inseguridad jurídica” que provoca la suspensión de la licitación del contrato del transporte urbano de Vigo, comunicada este lunes. “Veinticuatro horas después de la suspensión cautelar y por sorpresa del procedimiento, el alcalde de la ciudad continúa sin dar la cara. Tampoco nadie de su gobierno, que sigue agachado detrás de un corto comunicado y un WhatsApp con una frase del gabinete de comunicación escurriendo el bulto”, subrayó.
La portavoz popular manifestó que “decir que ‘las propuestas de los licitadores son complejas y que es necesaria una aclaración por su parte’ es igual que no decir nada”. “Lo que hay que explicar es qué es lo que está pasando realmente”, instó.
Luisa Sánchez recordó que este lunes, tras conocer la suspensión del proceso, el PP de Vigo ya reveló cuáles podrían ser los motivos reales. “¿Acaso no es cierto que el servicio de contratación solicitó en agosto un informe al Instituto Galego da Competencia al respecto de una posible existencia de indicios de prácticas colusorias en este procedimiento? ¿Acaso no es cierto que dicho informe del Instituto Galego da Competencia obra en poder del Concello desde el 8 de septiembre?”.
Estas son las preguntas que, a juicio de la líder de la oposición, “debería responder el alcalde o el concejal responsable de este contrato”. “Desde luego, debe reconocer que ambas son ciertas porque así aparecen recogidas en el gestor de expedientes municipal y si el proceso hubiera sido impecable, no habría motivos para no hacerlo”, avanzó.
De hecho, anunció que si no se dan explicaciones públicas, el PP de Vigo pedirá la comparecencia del concejal de Fomento, Javier Pardo, en la Comisión Informativa de Seguridad, Contratación, Fiestas y Gestión Municipal. “Debe aclarar qué es lo que va a pasar a partir de ahora y cuándo se va a adjudicar ese contrato”, insistió.
“El apagón informativo e institucional acrecienta las sospechas de que efectivamente el informe de Competencia confirmaría los indicios sobre una supuesta práctica colusoria, algo muy grave, porque podría llegar a invalidar completamente el proceso administrativo abierto”, destacó.
La paralización del concurso abre un periodo de “incertidumbre e inseguridad jurídica” ante la renovación de un servicio fundamental para la movilidad de la ciudad durante los próximos diez años. “Se trata de un megacontrato por importe de 470 millones de euros que exige que el gobierno de Caballero ponga fin a las evasivas y dé la cara”, aseveró.
“Llevamos años esperando y lo único que queda claro hasta el momento es la incapacidad manifiesta o la falta de voluntad del gobierno de Caballero para sacarlo adelante”, concluyó.
