El Bloque Nacionalista Galego (BNG) viene de exigir la convocatoria extraordinaria y urgente de la Junta de Portavoces para que el Gobierno local explique los motivos de la “extraña suspensión” de la licitación del bus urbano de Vigo. Así lo demandó en rueda de prensa su portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, después de que se anunciara la suspensión este pasado lunes en la Plataforma de Contratación del Estado.
Igrexas tachó de “sorprendente y muy preocupante” que se paralice este procedimiento con un documento de dos líneas y sin ninguna aclaración ni fundamentación legal sobre los motivos. Cuestionó también que no se tenga constancia de quién tomó la decisión en el seno del Gobierno de Abel Caballero, ya que el documento está firmado solo por la jefa de servicio. Cuestiones que, advirtió, colocan un contrato de 470 millones de euros en una situación de “absoluta inseguridad jurídica y en el riesgo de nulidad”.
El portavoz nacionalista consideró “especialmente anómalo” a nivel administrativo que se suspenda la licitación en un punto tan avanzado, cuando ya se recibió el informe de valoración del sobre B, relativo a la propuesta técnica por parte de las empresas aspirantes, y ya se conoce la propuesta económica recogida en el sobre C. Subrayó a ese respecto que la necesidad de aclaraciones sobre las ofertas, alegada por el Gobierno local en respuesta a la prensa, no precisa de la suspensión de la licitación, tal y como ya había ocurrido en febrero de este año en el mismo procedimiento.
Incumplimiento de los plazos
Desde el Bloque calificaron de “excusa” que el Gobierno de Caballero hable de la complejidad del contrato, recordando que “tuvo mucho tiempo para prepararlo” desde la última prórroga de la concesión en 2020. Un procedimiento que, señaló Igrexas, estuvo marcado desde el inicio por el incumplimiento de los pasos administrativos, llegando a superar hasta en 11 veces el plazo para la emisión de un informe.
En ese sentido, desde el frente nacionalista apuntaron también al hecho “irregular” de que la suspensión no se haya informado en la Mesa de Contratación, que se reunió por última vez el 17 de julio para esta licitación, y que tampoco figure como asunto a tratar en el orden del día de la próxima sesión prevista para el 1 de octubre.
El portavoz municipal del BNG exigió máxima transparencia y anunció la solicitud de acceso a toda la documentación e información relativa a la suspensión del que sería el segundo mayor contrato del Concello, con un valor estimado de 470 millones de euros. “El Gobierno municipal debe aclarar qué está pasando, para no alimentar rumores ni desinformaciones que puedan alterar el procedimiento de contratación”, afirmó en referencia a las insinuaciones del grupo municipal del PP sobre posibles prácticas colusorias.
Remunicipalización
Igrexas llamó a abordar con el “máximo rigor, seriedad y responsabilidad frente al regate en corto de otros” el futuro del bus urbano como servicio público esencial para los vecinos. En esa línea, llamó a estudiar la posibilidad de remunicipalizar el servicio en vistas a que la licitación “se le está atragantando al Gobierno de Caballero”.
Una medida defendida durante los últimos años por el BNG frente a la nueva privatización del transporte urbano que, insisten, “va a hipotecar la ciudad con nueve años más de un servicio deficiente e insuficiente”, con unos pliegos que mantienen el mismo mapa de líneas y número de buses del actual contrato. “El fin de la concesión nefasta de Vitrasa es una oportunidad para dotar a Vigo de un autobús a la altura de la mayor ciudad de Galicia: con más frecuencias, mejores horarios, un nuevo mapa de líneas, tarifas más bajas y una verdadera conexión intermodal”, reiteró.
Para Igrexas esta situación abre la posibilidad de evitar una “equivocación histórica” para convertir el servicio de bus en la “piedra de toque” de un modelo de movilidad alternativo en Vigo para avanzar hacia una ciudad más verde, habitable, saludable y segura.
