El Grupo Municipal Socialista de Oia consiguió sacar adelante en el pleno municipal una moción para reclamar a la Xunta de Galicia cambios en el Bono Concilia Familia, con el objetivo de que estas ayudas atiendan a la situación económica, social y de vulnerabilidad de las familias y no dependan únicamente del orden de presentación de las solicitudes.
La propuesta fue defendida en el pleno por la concejala socialista María Pilar Álvarez González y resultó aprobada con cinco votos a favor, correspondientes a los cuatro concejales del PSOE y al representante del BNG, y seis abstenciones del Partido Popular.
La iniciativa llega después de la publicación de la convocatoria del Bono Concilia Familia 2026. La Xunta abrió el plazo el 9 de septiembre con un presupuesto de 2,6 millones de euros y estableció un sistema de concurrencia no competitiva, en el que la prioridad para acceder a las ayudas viene determinada por el orden de presentación de la documentación completa hasta el agotamiento del crédito.
Desde el PSOE de Oia cuestionan este modelo porque entienden que una ayuda destinada a favorecer la conciliación debe priorizar a las familias en función de sus circunstancias y necesidades, y no de quien consigue presentar antes una solicitud.
“Las ayudas públicas para conciliar deben llegar primero a quien más las necesita. No nos parece justo que la situación económica o social de una familia quede en un segundo plano frente a la hora o al día en el que consiguió presentar una solicitud”, señaló María Pilar Álvarez durante la defensa de la iniciativa.
Campamentos públicos excluidos
Otro de los aspectos cuestionados por la moción es la exclusión de los campamentos organizados directa o indirectamente por las administraciones públicas. La propia información oficial del Bono Concilia Familia especifica que se pueden subvencionar determinados servicios de conciliación y campamentos privados, pero quedan fuera los organizados por las administraciones públicas.
Para el Grupo Municipal Socialista, esta condición puede perjudicar precisamente a las familias que optaron por recursos municipales o de otras administraciones para poder conciliar durante las vacaciones escolares.
“Una familia que necesita conciliar no deja de tener gastos porque escoja un campamento municipal. El criterio debería ser la necesidad de la familia y su situación socioeconómica, no si el recurso empleado es público o privado”, defendió la concejala socialista.
Tres peticiones concretas a la Xunta
La moción aprobada por el Concello de Oia reclama a la Xunta tres actuaciones. En primer lugar, planificar y concretar los objetivos reales de la política de bonos de la Consellería competente en materia social, especialmente en lo relativo al Bono Concilia.
En segundo lugar, solicita modificar el sistema de acceso a las ayudas, estableciendo una baremación que tenga en cuenta las condiciones económicas, sociales y de vulnerabilidad de las familias y de los menores, así como la situación de las familias que solicitaron campamentos a las administraciones públicas.
Finalmente, la propuesta reclama habilitar una línea de ayudas para aquellas familias que queden fuera de la convocatoria de 2026 y presenten una situación socioeconómica que justifique la necesidad de la ayuda.
Los socialistas recuerdan además que la experiencia de la convocatoria anterior demostró que el agotamiento de los fondos no es una posibilidad meramente teórica. En la convocatoria de 2025, la Xunta publicó oficialmente el agotamiento del crédito disponible y dejó de admitir solicitudes posteriores, de acuerdo con el sistema de concurrencia no competitiva establecido.
“Conciliar no puede depender de llegar primero”
Desde el PSOE de Oia valoran la aprobación de la moción porque permite que el Concello traslade a la Xunta una petición concreta para revisar un sistema que consideran mejorable.
“Defendemos unas políticas de conciliación que tengan a las familias en el centro. Conciliar no puede convertirse en una carrera para presentar una solicitud ni dejar atrás a quien tiene menos recursos. Las ayudas públicas deben servir precisamente para reducir desigualdades y llegar a quien más las necesita”, concluye María Pilar Álvarez González.
