El Concello de Ponteareas deberá hacer frente a una sanción de 80.000 euros a consecuencia de la demolición de la escuela infantil. Así lo informaron los grupos de la oposición, BNG, PSOE y PeC, que ya habían advertido del posible incumplimiento de las condiciones de durabilidad de las obras de mejora de la eficiencia energética ejecutadas en el edificio y financiadas con fondos europeos.
En el anterior mandato, el Concello había destinado más de 100.000 euros a la rehabilitación energética de la escuela infantil, de los cuales el 80% correspondían a financiación europea FEDER. Sin embargo, el gobierno de Nava Castro decidió demoler el inmueble antes de que transcurriera el período mínimo de conservación exigido por la normativa europea.
“Habíamos advertido que la demolición injustificada y caprichosa impulsada por el gobierno municipal de Nava Castro podía tener graves consecuencias económicas para el Concello de Ponteareas, al poner en riesgo la continuidad de una actuación financiada con fondos europeos, y ahora se confirma lo que denunciamos”, señalan BNG, PSOE y PeC.
Las tres formaciones recuerdan que el artículo 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 establece que las actuaciones financiadas con fondos europeos deben mantenerse durante un mínimo de cinco años desde el momento del pago final de la ayuda al beneficiario. Según la documentación de la operación, el cierre administrativo de la actuación se produjo en diciembre de 2023, por lo que la demolición del edificio se produjo antes de que finalizar el período de durabilidad de la actuación.
“Estamos ante un ejemplo evidente de la irresponsabilidad en la gestión de los fondos públicos”, denuncian BNG, PSOE y PeC. Consideran especialmente grave que una actuación financiada con fondos públicos europeos para mejorar un edificio municipal finalice con la desaparición física del inmueble apenas unos años después de las obras y con un importante impacto económico para las arcas municipales.
“Primero gastaron dinero público en demoler un edificio en el que acababan de invertirse más de 100.000 euros. Ahora el Concello tiene que asumir las consecuencias económicas de una decisión política que ya advertimos que podía salir muy cara”, concluyen.
