La primera jornada de huelga en el servicio de transporte en autobús del Baixo Miño y Val Miñor está registrando un importante seguimiento entre el personal que, para darle más visibilidad a sus reivindicaciones, esta mañana se concentró delante de las instalaciones de Lugove-Subus en O Porriño. La decisión de ir a la huelga se adoptó ante los reiterados incumplimientos patronales y la falta de actuación de las administraciones implicadas para garantizar tanto que se respeten los derechos laborales como la calidad del servicio a las personas usuarias.
De no producirse avances para revertir esta situación, la huelga se repetirá el próximo viernes día 14 y el lunes 24 de agosto, fechas en las que el personal también tiene previstas concentraciones en la estación de autobuses de Vigo.
El delegado de la CIG, Anxo Taboada, recuerda que la representación social lleva años denunciando incumplimientos laborales, deficiencias organizativas y problemas que afectan directamente a las condiciones de trabajo y a la seguridad del servicio que ya derivaron en actuaciones y sanciones por parte de la Inspección de Trabajo.
Entre otros problemas, refiere incumplimientos en materia de jornada y descansos entre jornada, pagos de dietas que no respetan lo establecido en el convenio colectivo, un cuadro de personal insuficiente para prestar el servicio, o que el personal conductor tenga que realizar trabajos impropios como la limpieza o el repostado de los vehículos.
El representante sindical llama la atención también sobre la falta de mantenimiento adecuado de la flota de autobuses, lo que provoca que cada poco haya averías e incidencias en el servicio; así como una deficiente actuación en materia de prevención de riesgos “que la empresa no toma en serio y ni siquiera permite que los delegados participemos en la elaboración del plan de prevención”.
“Es una acumulación de incumplimientos de la normativa laboral, del convenio y de prevención que no solo afecta a nuestras condiciones de trabajo, sino que provoca que haya muchos servicios que no se puedan hacer y que, por lo tanto, la empresa no esté cumpliendo con lo que estipula el contrato de la Xunta”, advierte.
Sin embargo, desde la convocatoria de la huelga, la empresa “no se dignó en ningún momento a hablar con la representación del personal para intentar buscar un acuerdo”, mostrando una total falta de voluntad negociadora.
A esto se añade que el servicio está en prórroga porque la Xunta rescindió el contrato para proceder a su reestructuración debido a las numerosas quejas, y a pesar de que los nuevos pliegos deberían publicarse en el mes de octubre, desde la administración ya indicaron que van con retraso. “Mientras tanto, la empresa sigue prestando el servicio en las mismas malas condiciones y los incumplimientos continúan”, rechaza.
Habida cuenta de este historial, la representación social entiende que la Xunta no debería permitirle a esta empresa poder presentarse al nuevo contrato porque “la ciudadanía merece un transporte público seguro, de calidad y prestado con todas las garantías, y las personas trabajadoras no pueden seguir soportando una situación que compromete tanto sus derechos como la propia seguridad del servicio”.
