La CIG denunció públicamente la absoluta falta de voluntad política y la irresponsabilidad de la Xunta de Galicia y, en particular, de la Consellería de Política Social, por su negativa a firmar los documentos y a adquirir los compromisos alcanzados por todas las entidades en la mesa de negociación del Protocolo para la Prevención y Actuación ante Situaciones de Violencia Laboral Externa en el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF). Esta postura dejó en evidencia la nula preocupación y la total falta de consideración del Ejecutivo gallego con la seguridad y, en general con los derechos, del personal de un sector con un alto riesgo de violencia. La no firma de este documento dejó, además, muy comprometido el cumplimiento de los acuerdos y las condiciones del sector.
Así lo evaluaron esta mañana en rueda de prensa el secretario de Organización de la CIG-Servizos, Pedro Pérez, y la responsable de Mujer de la CIG de Vigo, Ester Mariño, quienes anunciaron la convocatoria de una manifestación para el próximo miércoles 29 de julio en O Porriño, coincidiendo con el primer aniversario de la compañera Teresa González, asesinada mientras realizaba un servicio.
La movilización saldrá a las 11:30 horas del Centro Cívico y finalizará delante del Concello de O Porriño para denunciar la falta de compromiso y la hipocresía del Gobierno gallego, y más nombradamente de la conselleira Fabiola García y del presidente Alfonso Rueda. Previa a esta movilización, tendrá lugar una asamblea de las delegadas de la CIG del sector para evaluar la situación actual.
Once meses de trabajo para alcanzar el protocolo
Tras once meses de intenso trabajo en la mesa de negociación de la FEGAMP, el protocolo salió adelante gracias al impulso directo y al liderazgo de la CIG. “Fue la propia central sindical la que exigió y diseñó un documento de compromiso adjunto para evitar que el protocolo fuera un simple ‘papel mojado’, garantizando la obligación de dotar de recursos económicos, promover cambios normativos y asegurar una aplicación efectiva en las calles y en los hogares”, apuntó Ester Mariño, quien incidió en la necesidad de cambiar la estructura de los servicios de cuidados y que dejen de estar privatizados.
Sin embargo, a pesar del consenso alcanzado entre sindicatos, la FEGAMP, la Delegación del Gobierno, colectivos profesionales y patronales, la Consellería de Política Social rechazó firmar tanto el protocolo como el documento de compromisos. Por su parte, el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) se limitó a ratificar el texto sin asumir la responsabilidad técnica y presupuestaria necesaria para su desarrollo.
Para la CIG resultó “incomprensible y profundamente dolorosa” la postura del Gobierno gallego, especialmente cuando este protocolo nace precisamente como respuesta al trágico asesinato de la compañera Teresa, trabajadora del SAF en O Porriño. Recordaron, asimismo, que hace casi un año el presidente Rueda se había comprometido a aplicar mejoras en el sector y garantías de protección.
En la comparecencia, Pérez y Mariño denunciaron “la indolencia e ineficacia” de las administraciones y de la empresa, “que fallaron en la protección de una profesional expuesta a situaciones de grave riesgo sin las medidas de seguridad ni la prevención adecuadas”. El asesinato de Teresa puso de manifiesto las consecuencias reales de un sistema que abandona a las trabajadoras de los cuidados a su suerte, mientras la Xunta perpetúa un modelo basado en la precarización, la insuficiencia de recursos y la externalización del servicio.
“Sin recursos, sin cambios normativos y sin una implicación real de la administración autonómica, existe un serio riesgo de que el protocolo quede reducido a una simple declaración de intenciones”, advirtió Pedro Pérez. “No valen las fotos y las promesas institucionales; las trabajadoras del SAF tienen derecho a desempeñar su trabajo con garantías, con derechos y a regresar vivas y sanas a sus casas al final de cada jornada”, aseveró.
Exigencias de la CIG
Ante esta situación de desprotección, la CIG anunció que continuará con sus movilizaciones y exigencias para:
- Rectificación inmediata de la Xunta de Galicia y de la Consellería de Política Social, asumiendo y firmando el documento de compromisos con dotación presupuestaria real.
- Implicación directa del ISSGA en el seguimiento y evaluación de los riesgos específicos del SAF.
- Desbloqueo y negociación del Convenio Colectivo, caducado desde 2012, para incorporar mejoras salariales, sociales y regulaciones vinculantes en materia de salud y seguridad laboral.
- Que de doten a los recursos necesarios para la puesta en marcha del protocolo firmado, así como el compromiso de las administraciones locales a incluirlo en los pliegos de condiciones si la prestación está privatizada, y a respetar y aplicar en la prestación directa.
La CIG reafirmó su compromiso en la defensa de la dignidad y de la vida de las trabajadoras del SAF y no se detendrá hasta garantizar que ninguna otra profesional tenga que jugarse la vida por ejercer su trabajo. Por este motivo, considera que es precisa la creación de un Sistema Público Gallego de Atención las Personas, asumiendo la Xunta de Galicia la gestión directa de este.
