El Bloque Nacionalista Galego (BNG) cargó este lunes en el Pleno de Vigo contra la gestión económica del Gobierno de Abel Caballero. Durante los debates de la Cuenta General y de los informes de control financiero, el portavoz municipal del Bloque, Xabier P. Igrexas, denunció una “inejecución presupuestaria crónica de nivel olímpico”, que el pasado año alcanzó los 150 millones de euros, así como el avance de las privatizaciones de servicios y del abuso de los contratos menores.
“La Cuenta General es el espejo de su desgobierno, un documento que destripa su propaganda y demuestra lo mucho que este Gobierno dejó de hacer por las viguesas y por los vigueses”, replicó Iglesias. Criticó que el Gobierno local presuma de superávit cuando acumula un remanente líquido de tesorería de 225 millones de euros. “No es un motivo de orgullo, es un monumento a la ineficacia”, afirmó.
Unos remanentes que, afeó, se acumulan en cuentas bancarias mientras “millares de familias viguesas sufren la carestía de la vida, los barrios de la ciudad siguen olvidados y los servicios públicos colapsan”. Igrexas calificó de “irresponsabilidad política mayúscula” esta gestión, por dejar uno de cada tres euros del presupuesto del pasado ejercicio sin ejecutar, y que se repite ejercicio tras ejercicio.
Sin inversiones ni personal
En el capítulo destinado a inversiones, subrayó el portavoz municipal del BNG, el 75% de los recursos previstos para 2025 no se gastaron, mientras continúa incrementando la presión con una subida general de las tasas municipales. “Se exprime fiscalmente a las viguesas y vigueses para después dejar el dinero muerto de risa en las entidades financieras”, reprochó.
Igrexas cargó también contra la falta de recursos destinados a personal municipal, con el 18% del presupuesto sin gastar el pasado año mientras hay 435 plazas sin cubrir -entre ellas de agentes de la Policía Local, de Bomberos, trabajadoras sociales o personal administrativo- de un total de 1.423 puestos de trabajos. “Su modelo es no cubrir las plazas, dejar que el servicio se degrade, sobrecargar al personal existente y retrasar las Ofertas de Empleo Público una media de tres años”, advirtió.
A juicio del frente nacionalista, esta política busca “desmantelar lo público para poner alfombra roja a la privatización”, con 135 millones de euros del presupuesto (un 65% del total) destinados a servicios bajo gestión indirecta y externalizados. “Convirtieron este Concello en un cajero automático para las grandes multinacionales de servicios”, acusó el portavoz del Bloque. Puso como ejemplo el caso de Vitrasa, que opera bajo una prórroga forzosa “absolutamente opaca”, recibiendo 19 millones de euros con un servicio deficiente.
Abuso de los contratos menores
Durante el debate plenario de los planes de control financiero, el BNG aseguró que los documentos elaborados por la Intervención General del Concello revelan un “problema estructural de falta de planificación, de insuficiente control interno y una preocupante normalización de prácticas que deberían ser excepcionales”.
Entre ellas, Igrexas desveló que el 93,1% de los contratos del Concello son hoy contratos menores, con advertencias sobre el fraccionamiento de pagos por los retrasos en la tramitación y la utilización masiva de la adjudicación directa. Los informes evidencian además que casi la mitad de las obras ejecutadas finalizaron costando más de lo inicialmente previsto y en el 86% de los contratos aparecieron excesos de medición muy próximos al límite legal.
Defectos que afectan también a la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde el sistema es incapaz de hacer efectivas las sanciones lo que supone “convertir en papel mojado” las actuaciones ante ilegalidades urbanísticas. “El resultado es una administración que transmite una inaceptable sensación de impunidad frente a las infracciones y que, además, deja de ingresar recursos que pertenecen al conjunto de la ciudad”, criticó el portavoz del BNG.
En el caso de las subvenciones, alertó de que el 52% no fueron publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, incumpliendo obligaciones legales básicas de transparencia, y fueron detectadas graves deficiencias en las justificaciones, ausencia de documentación e importantes dificultades para verificar el destino efectivo de los fondos públicos.
“Las viguesas y vigueses merecen un Gobierno que gestione con rigor cada euro público, asuma las recomendaciones de los órganos de control y entienda que la transparencia, la buena gestión y la rendición de cuentas no son una opción política: son la esencia de una administración democrática al servicio de la ciudadanía”, remachó Iglesias.
