La sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Vigo viene de condenar al Concello de Vigo a atender los requerimientos de la Inspección de Trabajo para poner fin a los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS). En la sentencia, contra la que cabe recurso ante el TSXG, se constatan las deficiencias del Plan de Prevención, que no se actualizó correctamente desde 2010.
La decisión judicial, que llega tras la presentación de un conflicto colectivo contra el Concello al que se adhirió la CIG, obliga a la Administración local a integrar la prevención de riesgos laborales en su sistema general de gestión, incluyendo todas las actividades y todos sus niveles jerárquicos, mediante la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales, tal y como le había sido requerido al Concello por la propia autoridad laboral.
En este sentido, se señala que el actual plan de prevención es del año 2010, advirtiendo que desde entonces se produjeron cambios en el número de miembros del cuadro de personal del Concello y traslados o modificaciones en los centros de trabajo.
También se comprobó que la evaluación de riesgos en el SPEIS se remonta al año 2018, y la planificación de las actividades preventivas a 2019, cuando en ese período hubo variaciones en distintos elementos a evaluar que afectaron, por ejemplo, al equipamiento de trabajo, a las instalaciones o al número de efectivos. “Lo que evidencia el grave riesgo no solo para las personas trabajadoras, sino también para el interés general, a la vista de la importante actividad desarrollada por el servicio de bomberos del Concello de Vigo”.
Pero a pesar de los requerimientos de la Inspección de Trabajo, la propia sentencia recoge que “los incumplimientos continúan”, ya que la Administración local “no aporta documentación alguna que acredite la subsanación de las deficiencias observadas”.
