Alejandro Lorenzo ha acordado desistir del convenio urbanístico de Aloques, que preveía la construcción de 60 viviendas de protección autonómica en régimen de alquiler, tras detectarse que la titularidad del subsuelo de las parcelas no era municipal tras la alegación de una empresa.
El proyecto, impulsado mediante una permuta de tres fincas municipales (37.811, 37.814 y 37.818), contemplaba una inversión global próxima a los 11 millones de euros, con casi 3 millones de euros en ayudas públicas. A cambio de los terrenos, el Concello iba a recibir un local para Servicios Sociales valorado en torno a 400.000 euros, que permitiría disponer por segunda vez de un espacio accesible y adecuado para la atención social, ya que el anterior gobierno socialista había comprado varios locales para trasladar el servicio y que finalmente fue utilizado para la sala de estudios.
Sin embargo, durante la exposición pública, una mercantil presentó alegaciones aportando documentación que cuestiona la titularidad del subsuelo, apoyándose en una escritura de 2008. El informe del secretario municipal es claro: no existe seguridad jurídica suficiente para continuar el convenio, lo que ha obligado al Concello a desistir y archivar el expediente.
Desde el PSOE de O Porriño señalan directamente al alcalde Alejandro Lorenzo como responsable de esta situación. El Portavoz Socialista David Alonso lamenta que “no se puede anunciar una promoción de 60 viviendas ni negociar una operación de 11 millones de euros sin tener garantizada la titularidad del suelo. Este error no es técnico, es político y tiene un responsable claro, Alejandro Lorenzo”.
Los socialistas consideran que el fallo no es sobrevenido, sino consecuencia de una tramitación deficiente desde el inicio, sin verificar adecuadamente la situación patrimonial de los terrenos antes de presentar el proyecto a la ciudadanía.
La caída del convenio pone en peligro la construcción de las viviendas y tendría consecuencias directas:
- 60 viviendas públicas de alquiler que no se construirían
- Pérdida de un local de Servicios Sociales accesible
- Bloqueo de una inversión millonaria en el municipio
Todo ello en un contexto de fuerte presión sobre el mercado de vivienda:
- Aumento de precios de alquiler
- Dificultad de acceso para jóvenes
- Crecimiento de las viviendas de uso turístico (VUT) que reducen la oferta residencial
Alonso lamenta que “aquí no hablamos de un expediente, hablamos de jóvenes que no pueden emanciparse, de familias expulsadas por los precios y de un Concello que deja caer una de las pocas oportunidades reales de vivienda asequible ante la falta de regulación de las VUT que asfixia la oferta de alquiler residencial”.
Ante la gravedad de los hechos, el grupo municipal socialista solicitó de urgencia la comparecencia del alcalde para que explique lo ocurrido: “Los vecinos tienen derecho a saber cómo se ha gestionado este expediente y por qué se anunció un proyecto sin tener resueltos los elementos básicos que lo hacían viable. Este error garrafal exige explicaciones”, finaliza David Alonso.
