La FGAMT-CIG denuncia que la empresa de reparto de comida a domicilio Just Eat Takeaway va a llevar a cabo una serie de despidos en el marco del proceso de reestructuración interna del área de operaciones iniciado hace unos dos años. Desde entonces la compañía, en la lógica de aumentar beneficios precarizando las condiciones laborales, no realiza nuevas contrataciones en este departamento, al tiempo que fue aumentando la carga de trabajo del personal. Ahora va a aplicar un ERE para 60 personas en el conjunto del Estado -que en Galicia afectará a 4 personas en A Coruña y a 3 en Vigo- con el objetivo de deslocalizar las labores de coordinación a Polonia.
De hecho, con anterioridad un coordinador en Vigo, por ejemplo, gestionaba únicamente la ciudad, con unas 50-60 personas repartidoras. A día de hoy, ese mismo coordinador está gestionando Vigo, Ourense, A Coruña, Oviedo, Gijón, y múltiples zonas de Madrid, superando las 500 personas repartidoras. Además, es habitual que en el mismo turno tenga que cubrir funciones del personal coordinador de otras ciudades.
A esto se le fue sumando carga adicional que no corresponde al puesto original: tareas de IT, facturación, gestión de flota, gestión de pedidos, entre otras. “Es decir, fueron ampliando funciones sin reforzar personal, concentrando todo en menos personas”, tal y como señalan desde la representación de la CIG en la empresa. En paralelo, empezaron a desviar progresivamente funciones a Polonia, donde están centralizando la operativa. La previsión es que allí asuman completamente estas funciones, lo que implica en la práctica la eliminación de los puestos de operaciones en el Estado español.
“Desde nuestro punto de vista, la finalidad es clara: reducir costes trasladando la actividad a un país con salarios más bajos y con una regulación laboral más flexible, eliminando aquí la estructura operativa. Además, esta descentralización también debilita la estructura sindical en el Estado, dejando a las personas repartidoras y trabajadoras más aisladas”.
En este contexto, la dirección se niega a negociar con la plataforma de personas afectadas por el ERE y limita la interlocución a una mesa de 13 personas designadas por los sindicatos de mayor representación estatal. “Se trata, en muchos casos, de perfiles ajenos al colectivo directamente afectado (principalmente personas repartidoras), vinculados a estructuras sindicales que ya participaron en acuerdos anteriores bastante cuestionados dentro de la empresa”.
Esto está generando una sensación entre el personal de falta de transparencia y opacidad en la negociación, dejando a las personas afectadas con muy poca capacidad real de defensa. A esto se suma que la empresa no está facilitando información a los comités provinciales ni documentación clave del proceso, lo que dificulta incluso la posibilidad de una impugnación judicial en condiciones.
