El Concello de Mos celebró ayer la primera reunión de la comisión de seguimiento de afectados de la N-550, constituida en el último pleno, en la que participaron las asociaciones vecinales Santa Baia, Chans do Bosque, Ledicia de Sanguiñeda y A Cividade, junto con los tres grupos políticos de la corporación municipal -PP, PSdeG-PSOE y BNG-, con el objetivo de coordinar una respuesta conjunta ante la falta de avances por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
La comisión acordó dar un nuevo ultimátum al Gobierno y, como primera medida, solicita la celebración de una reunión técnica en un plazo máximo de un mes, en la que se deberá dar respuesta a las demandas trasladadas por el Concello de Mos y por los vecinos en los últimos años. De no producirse avances, no se descarta la adopción de nuevas medidas.
Durante el encuentro se puso de manifiesto la peligrosidad de la N-550 a su paso por Mos, con especial incidente en zonas como Amieirolongo, Mos y el cruce de O Tablado, en Louredo, donde se concentran problemas de seguridad vial y peatonal derivados del elevado tráfico, de la falta de infraestructuras adecuadas y de la ausencia de actuaciones ejecutadas.
El informe técnico municipal evidencia una situación prolongada en el tiempo, y recoge más de 20 peticiones formales trasladadas al Ministerio en los últimos años sin respuesta efectiva, así como proyectos aprobados que continúan sin ejecutarse, como el caso del cruce de O Tablado, considerado un punto de alta siniestralidad.
En ámbitos como Amieirlongo, en la parroquia de Sanguiñeda, y la parroquia de Mos, la N-550 atraviesa entornos urbanos consolidados con presencia de viviendas, actividad comercial y tránsito peatonal, sin contar con las condiciones mínimas de seguridad y accesibilidad, lo que motivó la solicitud para la declaración de travesía urbana de la N-550 a su paso por Sanguiñeda, destacando la peligrosidad del cruce de los peregrinos del Camino de Santiago, urgiendo medidas de seguridad urgente; y también en la parroquia de Mos, con el objetivo de adaptar la vía a su realidad urbana y reducir el riesgo para los vecinos.
Otro punto importante del proyecto del trazado de la nueva Autovía A-52, que destruye la pasarela peatonal construida en 2023 (que no da solución a la problemática de la zona) y que crearía una nueva barrera, avanzando hacia As Angustias sin continuidad de paso para los peatones, provocando un desvío de Peregrinos obligado sin respeto por el BIC Camino de Santiago.
A esta situación se suma también la problemática en el acceso al Parque Empresarial de Mos (PEMOS), donde el deterioro del vial de conexión con la N-550 debido al intenso tráfico pesado evidencia la falta de mantenimiento en una infraestructura clave para la actividad económica del municipio.
Vía judicial
Asimismo, se informó a la comisión de la puesta en marcha de la vía judicial mediante la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tras el requerimiento previo aprobado en Junta de Gobierno Local el pasado mes de enero, en el que se concedía al Ministerio un plazo de un mes para actuar ante la falta de mantenimiento, conservación y ejecución de las actuaciones necesarias en las vías de su titularidad.
En sus demandas al Estado se incluye la rehabilitación del firme, la construcción de rotondas en puntos de alta peligrosidad, la mejora de la seguridad peatonal con pasos elevados e iluminación, la creación de aceras en trechos con tránsito, así como la limpieza y mantenimiento de túneles, viales de servicio y elementos de protección como biondas y guardarraíles. También se demanda la adaptación de la N-550 a su realidad urbana en la parroquia de Mos y en Sanguiñeda y la instalación de protecciones acústicas.
La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, señala que “como alcaldesa, dar este paso es necesario ante el grado de peligrosidad de esta vía. Tenemos que ir todos juntos frente a esta cuestión para defender la seguridad de nuestros vecinos”.
De este modo, insiste en que “esta comisión nace con el objetivo de hacer seguimiento real de las demandas y de incrementar la presión institucional para conseguir mejoras efectivas en una infraestructura clave para la seguridad y el desarrollo económico del municipio”.
