El BNG exige a Caballero que haga público el correo enviado a la Policía Local sobre el Saltamontes

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo reclamó hoy al Gobierno local que haga público de manera inmediata el correo electrónico remitido desde la Concejalía de Seguridad a la Policía Local en el que se comunicaba que el Saltamontes, la atracción accidentada en las fiestas de Matamá el 3 de agosto de 2024, carecía de autorización municipal.

Cuando se cumplen 573 días del accidente que provocó la muerte del vecino Iván Castaño, de 36 años, el portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, subrayó que continúa sin respuesta la pregunta fundamental formulada por el frente nacionalista desde el primer momento: “¿Si esa atracción no disponía de autorización municipal, por qué se permitió que funcionara? ¿Por qué no se procedió a su precintado?”.

Para el portavoz municipal nacionalista la declaración ayer en el proceso judicial del jefe de la Policía Local introduce un elemento “muy relevante” para determinar el alcance de las responsabilidades municipales. El mando de la Policía Local afirmó de manera rotunda que no recibieron orden de proceder al precintado de la atracción, una medida que, insistió Igrexas, “podría haber evitado la muerte”. En este sentido, declaró en sede judicial que en el correo remitido desde la Concejalía de Seguridad no constaba ninguna instrucción expresa de inmovilización, a pesar de comunicarse que la instalación carecía de permiso por la falta de documentación.

Para el BNG, no se trata de una cuestión menor, ya que la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, y su jefe de servicio, intentaron derivar responsabilidades hacia la Policía Local invocando esa misma comunicación electrónica.

Por eso, Igrexas exigió al alcalde Abel Caballero, como máximo responsable, que haga público “hoy mismo” el contenido íntegro del mensaje. “Las viguesas y vigueses no merecen más opacidad ni más evasivas”, afirmó, recordando que el Gobierno municipal lleva 573 días sin ofrecer explicaciones claras y vetando la creación de una Comisión de Investigación.

“Los vecinos tienen derecho a conocer la verdad para determinar de quién es la responsabilidad de no haber precintado la atracción”, concluyó.