El Colectivo de personas jubiladas y pensionistas de la CIG se concentró esta mañana en centros de salud de A Coruña, Ferrol, Ourense, Pontevedra, Compostela y Vigo y en la puerta principal del HULA en Lugo, en defensa de la sanidad pública y el derecho a una atención sanitaria digna y equitativa para todas las gallegas y gallegos.
Las protestas, que tendrán continuidad en los próximos meses, se enmarcan en la campaña que el colectivo está desarrollando para denunciar el desmantelamiento y la privatización del sistema y como este deterioro planificado en la atención sanitaria afecta de manera más grave a las personas mayores.
Critican la situación insostenible en la que se encuentra la sanidad pública a causa de las políticas aplicadas por el Gobierno del PP en la Xunta, que provocan listas de espera inasumibles, derivaciones sistemáticas a la sanidad privada, e incluso penalizaciones para “quien decide defender su derecho a tener atención en la pública”.
Demoras que empeoran las dolencias
Advierten que, para las personas mayores de 60 y 65 años, para quien vive con patologías crónicas y “para quien sabemos que el tiempo, cuando la salud falta, no es neutro”, estas demoras en la atención empeoran la salud, aumentan la dependencia y, “en demasiados casos, provocan daños irreversibles”.
El colectivo incide en las dificultades de acceso a la Atención Primaria, “que es la puerta de entrada al sistema sanitario”, con centros de salud en los que la espera para conseguir una cita con el personal médico de cabecera ya supera los diez o catorce días.
La atención hospitalaria no atraviesa una situación mejor y el colectivo de la CIG ya ha recibido denuncias de personas que tuvieron que esperar cinco años por una operación de cataratas, de gente que lleva meses y años esperando por una prueba diagnóstica o de quien “perdió la salud de forma irrecuperable mientras estaba en una lista de espera”.
“No somos números ni una carga”
En este sentido, el colectivo destaca que la defensa de la sanidad pública “es una lucha de país, porque también es una cuestión de justicia social y de dignidad, especialmente para quien dio toda una vida de trabajo”. Y subrayan que las personas jubiladas y pensionistas “no son números ni una carga”, sino personas con plenos derechos.
Por eso, le exigen al Gobierno gallego que finalice con la política de aniquilación de la sanidad pública, que ponga fin al desvío de dinero a la privada y que planifique y dote de los recursos humanos y materiales necesarios al sistema público para garantizar una atención sanitaria digna y equitativa para todas las gallegas y gallegos.
Mesas informativas
Como parte de esta campaña, a lo largo de este mes de febrero, las personas que forman parte del colectivo colocaron mesas informativas en las calles de las principales ciudades y villas para recoger escritos de queja y testimonios de personas mayores sobre las dificultades y atrancos que encuentran a la hora de recibir atención sanitaria, “hacer visible lo que se está ocultando y organizar la respuesta social”.
