La CIG-Banca continuó hoy con las movilizaciones contra el despido de una trabajadora de la sucursal de Abanca en Salvaterra de Miño que ejercía también como delegada de la central sindical en el comité de empresa de la provincia de Pontevedra. En esta ocasión desarrolló una concentración delante de la oficina central de la entidad bancaria en Vigo para denunciar que la rescisión de contrato “injusta e injustificada” fue una represalia por la actividad sindical de la afectada.
La protesta se desarrolló de 11:30 a 12:30 horas en el exterior de las instalaciones centrales del banco al grito de “No es un despido, es una cacería”, “Montse readmisión, Abanca represión” y “Represión sindical, terrorismo patronal” para rechazar un proceso contra la empleada “propio de los tiempos de la Inquisición” ya que la compañera “no pudo conocer ni los hechos concretos que se le imputaron, colocándola en una clara situación de indefensión”, tal y como señalan desde la central sindical.
Por eso sostienen que se trata de una “clara represión sindical” contra una representante de las personas trabajadoras que participó y animó al cuadro de personal a secundar la huelga y las movilizaciones convocadas por la CIG en 2024, que además a partir de ese momento presentó hasta cuatro conflictos colectivos contra la empresa. “Los tribunales fallaron a nuestro favor cuando denunciamos una cláusula abusiva en los contratos de trabajo de cambio de horario, al igual que cuando denunciamos que Abanca incumplía el preaviso de cinco días previsto en la legislación para modificar horarios semanales”.
Además, la central sindical denunció que el personal necesitaba la autorización de la empresa para registrar las horas reales que hacía, “pero en este caso no hubo sentencia porque el banco modificó el sistema para evitar una nueva derrota”. Y presentó una demanda de tutela de la libertad sindical en la Audiencia Nacional, en la que estaban implicadas las mismas personas del banco que instruyeron el expediente “a medida” con el que pretendieron justificar el despido de la empleada.
De manera que consideran que estas acciones sindicales en defensa de los derechos del personal están detrás de una decisión “represiva” con la que pretenden “amedrentarnos”. Pero quieren dejar muy claro que “no lo van a conseguir”, al tiempo que adelantan que seguirán defendiendo a la afectada en las calles y en el proceso legal, “en la seguridad de su completa inocencia de los hechos que se le imputan”.
