El Concello de Ponteareas informa de que la Fiscalía del Área de Vigo viene de notificar la resolución relativa a la denuncia presentada por la CIG el pasado 24 de octubre en la que solicitaban la investigación por vía penitenciaria de la intervención del Concello en el expediente del SAF concluyendo las diligencias sin apreciar indicios de ilícito penal ni posibilidad de recurso.
El Gobierno municipal valora esta decisión como una confirmación del rigor y de la legalidad con la que se actuó en todo momento. La documentación analizada por la Fiscalía recoge expresamente que: “La documentación remitida pone de manifiesto que por parte del Concello se desarrolló una actividad de vigilancia del adecuado cumplimiento del contrato suscrito, con distintos requerimientos de documentación a la empresa adjudicataria y de enmienda de posibles incumplimientos de los pliegos técnicos, administrativos y normativa reguladora. Se pone de manifiesto que por el Concello se incoó expediente sancionador por el retraso en la subsanación de defectos por la empresa adjudicataria (exp. 5291/2024)”.
“Desde que la prestación del servicio comenzó el 14 de abril de 2025 se realizaron requerimientos por parte del Concello y una visita de inspección por los Servizos Sociais da Xunta de Galicia. La persistencia en los defectos en la ejecución del contrato determinó que el Concello solicitara de la Consellería de Política Social la suspensión de un servicio por alto riesgo en la protección de la salud de los trabajadores. El Servizo de Traballo Social municipal emite informe sobre la situación del servicio que anticipa la comunicación realizada por los denunciantes, por lo que se pone de manifiesto que el Concello ya estaba actuando sobre el objeto de las solicitudes, sin que se pueda apreciar una conducta omisiva prevaricadora, sino un intento de encauzar la actuación de la adjudicataria a las exigencias de los pliegos de condiciones y del contenido del contrato suscrito”.
Por todo esto la Fiscalía acuerda: “el archivo de estas diligencias de investigación penitenciaria por no apreciarse que presente caracteres de delito”.
Lo expuesto, tal y como recoge la propia Fiscalía, “evidencia que el Concello actuó con diligencia, supervisión y responsabilidad, desmintiendo las acusaciones falsas vertidas por la CIG y confirmando que no existió conducta omisiva ni indicio alguno de prevaricación”.
El Concello de Ponteareas reitera su compromiso con la transparencia, el buen gobierno y la defensa de los intereses de los vecinos, y lamenta que se utilicen canales judiciales para cuestionar actuaciones municipales plenamente ajustadas a la legalidad.
