El conjunto de trabajadores de la Unidad de Conductas Adictivas Vigo II (UCA CEDRO), dependiente del Concello de Vigo y que prestan sus servicios a través de un convenio/licitación con el Grupo Eulen (GE), desea denunciar públicamente su situación.
Manifiestan que CEDRO es la única unidad municipal que presenta la particularidad de la coexistencia de trabajadores funcionarios/laborales del Concello (actualmente 8) con trabajadores contratados por el Grupo Eulen (actualmente 21). “Desde esta óptica podría hablarse de una UCA del Grupo Eulen, con apoyo del personal municipal”.
Desde hace meses se viene negociando la transferencia de las Unidades Municipales de Drogodependencias (UAD/UCA) de los distintos ayuntamientos de Galicia (13) al Servizo Galego de Saúde (SERGAS); negociación en la que se define el modelo a seguir para dicha transferencia.
Denuncian que en esta negociación Xunta (SERGAS) y ayuntamientos, los trabajadores del Grupo Eulen nunca estuvieron representados, “siendo objeto pasivo de las decisiones que, a la postre, decidirán su futuro”. “En este sentido, es de destacar la absoluta falta de información y transparencia sobre las medidas contempladas en dicha transferencia. Nos consta que en el resto de UAD/UCA, esta información fluía con normalidad, por cuanto teníamos permanente conocimiento de ella a través de compañeros de otras unidades”.
Existe una reivindicación histórica por parte del colectivo, recogida ya desde el año 2000 incluso por parte del Comité de Personal del Concello (año 2002), en la que se demanda que se resuelva el conflicto laboral latente en esta UCA: desigualdad retributiva y de derechos y permanente sensación de inseguridad en el empleo (encadenamiento de contratos con distintas empresas al albur de las distintas licitaciones que se han sucedido en el tiempo).
“Con el actual modelo, recogido en el borrador del proyecto de transferencia, se habla de la cesión de bienes inmuebles y casi con el mismo talante de bienes muebles se nos ha considerado a los trabajadores. Continuaremos ‘subcontratados’ (ETT??) prestando nuestros servicios a otra administración (SERGAS), manteniendo esta desigualdad histórica: distintos convenios para un mismo trabajo, con la misma inseguridad laboral”, concluyen.
