Conocida la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en relación al recurso formulado por el Concello de Vigo en contra de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, que condenaba a la administración municipal a abonar a la promotora del concierto de Guns N’ Roses (celebrado en la ciudad el 12 de junio de 2023) casi 2 millones de euros, desde el Bloque Nacionalista Galego quieren hacer una primera valoración pública.
La sentencia del TSXG, en sus 54 páginas de extensión, no contradice la existencia de prácticas irregulares al margen del marco legal en materia de contratación pública por parte del Gobierno municipal de Vigo en relación a la promoción de ese concierto, y que quedaron acreditadas de manera rotunda e incontestable como hechos probados en la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo. Al contrario, el fallo del Tribunal Superior no solo no refuta los reproches de la sentencia original en contra de la actuación irregular del Concello, sino que confirma la existencia de una “vida negocional previa” (sic), al margen de los procedimientos reglados, entre el Gobierno presidido por Abel Caballero y las empresas promotoras del concierto (Sweet Nocturna y LiveNation). De hecho, reprocha a la promotora haber falseado su DEUC (declaración contractual) cuando acudió al presunto concurso para el patrocinio publicitario al no reconocer su “participación, directa o indirecta, en la preparación del presente procedimiento de contratación” (sic).
El fallo del TSXG que revoca la sentencia condenatoria, aun sin ser firme (admite recurso de casación), sustenta esa resolución en considerar que esa actuación irregular, que es para el BNG un evidente ejemplo de “chalaneo contractual” y de gestión irregular por parte del Gobierno municipal, no tiene fuerza legal para ser considerada un contrato, al contravenir abiertamente la normativa, por lo que -en opinión del TSXG- no procede abonar cuantía alguna a la promotora privada del concierto. “En este sentido, celebramos que esta decisión judicial pueda impedir que la gestión irresponsable e irregular del ejecutivo de Abel Caballero acabe costándole a las viguesas y vigueses casi 2 millones de euros de dinero público”, señala Xabier P. Igrexas.
Es claro que esta sentencia, de la misma manera que el primer fallo judicial, muestra un comportamiento inaceptable en términos éticos y de transparencia por parte del Gobierno municipal en la gestión de este concierto. Por este motivo, desde el BNG reiteran que el gobierno de Caballero debe igualmente asumir sus responsabilidades políticas, empezando por el cese de Patricia Rodríguez Calviño como máxima responsable del área de Contratación y, por tanto, del falso concurso público y de la trama irregular que envolvió el concierto.
En la misma línea, seguimos reclamando el imprescindible reforzamiento de los mecanismos de control municipal que la propia Intervención del Concello ha señalado reiteradamente que son ahora insuficientes. “Con ese objetivo, reiteramos la solicitud de que se constituya la Comisión del Pleno de Vigilancia de la Contratación, que tiene carácter legalmente obligatorio pero que no existe, así como la elaboración de una ordenanza municipal de transparencia en la gestión y la creación de una Oficina Municipal Anticorrupción. Tal y como defendemos desde el inicio de este escándalo, el BNG apostamos en aplicar una política de tolerancia cero frente a cualquier práctica irregular en la contratación o riesgo de corrupción en la gestión de dinero público, desplegando medidas efectivas para que algo así no pueda volver a pasar nunca”.
Igualmente, para el PP de Vigo, el fallo del TSXG sobre el escándalo de la contratación del concierto de Guns N’ Roses no niega las irregularidades del gobierno local que se ponen de manifiesto en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo.
Advierten que su dictamen, que todavía no es firme ya que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, se basa en una cuestión formal y en la inexistencia de un contrato entre ambas partes, “pero nadie pone en duda que existía un acuerdo previo entre el gobierno local y la promotora para la celebración del concierto tal y como demuestran los WhatsApp intercambiados entre la promotora y el concejal de Fiestas y que fueron desvelados por el PP de Vigo”.
De hecho, el TSXG mantiene “todos los reproches a la actuación” del gobierno local que contiene la sentencia y también ratifica la “evidente descoordinación entre sus diversos departamentos antes y durante la tramitación del expediente de contratación”.
“Todo Vigo sabe que el alcalde anunció un concierto apoyado por el Concello meses antes de sacar a concurso un contrato público para la celebración de dicho concierto. Esa es la realidad, aunque luego ese contrato no se adjudicara al tumbarlo el Concello al darse cuenta de que, de seguir adelante con el procedimiento, se incurriría en un delito”, concluyen los populares.
