La Inspección de Trabajo viene de elevar acta contra la empresa Óbolo, concesionaria del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) del Concello de Ponteareas, por infracción muy grave en materia de relaciones laborales al constatar que la compañía sustituyó trabajadoras en huelga con personal de nueva contratación.
La resolución responde a la denuncia presentada por la CIG tras detectar que la empresa estaba incorporando personal al servicio a pesar de estar activa una huelga indefinida desde el pasado 26 de septiembre. Según las diligencias practicadas por la autoridad laboral, Óbolo pretendía justificar estas contrataciones alegando que no eran para cubrir servicios mínimos, sino para cubrir bajas y vacaciones.
Sin embargo, en el acta se acredita que, cuando menos, la empresa contrató una trabajadora con el único objetivo de sustituir y dejar sin efecto el paro indefinido, ya que le asignó las mismas personas usuarias y las franjas de servicio que le correspondían a una compañera en huelga. Esta práctica, se apunta, está prohibida por la normativa vigente.
Para más abundar, en el escrito, la Inspección recuerda que, con anterioridad, ya se había levantado diligencia advirtiéndole a Óbolo de la obligación de “abstenerse de toda actuación que implicara sustitución, directa o indirecta, de personas trabajadoras en huelga, incluyendo la contratación de nuevo personal”. Una advertencia que la empresa incumplió y razón por la que se “refuerza el elemento de culpabilidad y gravedad de la conducta infractora”.
Ante esta nueva actuación ilegal de la concesionaria del SAF, la CIG insta al Concello de Ponteareas a actuar con la máxima diligencia en la defensa de los derechos de las trabajadoras y de las personas usuarias e iniciar, por fin, los trámites para la rescisión efectiva del contrato con Óbolo. La empresa no solo continúa sin resolver las graves irregularidades laborales y en la prestación del servicio que motivaron la convocatoria de la huelga indefinida, sino que cada día suma una nueva ilegalidad.
Por todo esto, la CIG insiste en que el Gobierno local no puede seguir eludiendo sus responsabilidades y debe actuar ya para garantizar que el trabajo de atención a domicilio se desarrolla en condiciones dignas y que el servicio se presta con la mejor calidad para las personas usuarias.
