La Xunta insta al Gobierno central a rescatar la AP-9 y a eliminar los peajes, que continúan siendo un agravio a Galicia.
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, lamentó hoy en el Parlamento que el Ejecutivo central siga condenando a los gallegos a pagar unos peajes injustos, mientras los retira en otros territorios.
Allegue criticó que el Gobierno desaproveche la oportunidad de proceder a la resolución de la concesión de la AP-9, pues en lugar de aplicar el dictamen de la Comisión Europea, optó por dilatar el posicionamiento sobre la anulación de las prórrogas de la concesión.
Criticó que el Ministerio no informó a la Xunta ni de la emisión del dictamen de la UE ni de la respuesta al mismo. En este sentido, recordó que el Gobierno gallego solicitó por carta conocer el expediente y la contestación remitida a la Comisión Europea; y también se dirigió a la Defensora del Pueblo de la UE para solicitar mediación ante esta situación.
Señaló que Galicia está coordinando acciones conjuntas a favor de la liberalización de los peajes con las comunidades del Principado de Asturias y Castilla León que, en su caso, afectan a la AP-66. Ya se remitió una carta conjunta al Ministerio para que liberalice los peajes y dé acceso al expediente.
Recordó que la Xunta le trasladó al Ministerio el coste del rescate, que hace un año ascendía a 2.331 M€ y este año se incrementa y llega a los 2.356 M€. A este respecto, puso el acento en que a medida que pase el tiempo, las condiciones del rescate serán cada vez más gravosas para los contribuyentes.
Hace falta recordar que la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas solicitó desde 2024 hasta en cinco ocasiones una reunión con el Ministerio para abordar la AP-9, sin ninguna contestación hasta ahora.
Apuntó que posponer este debate también está impidiendo que el tráfico de las carreteras convencionales se dirija hacia la AP-9, una vez liberalizados los peajes, suponiendo ahorros de tiempo y mayor seguridad viaria.
Por otra parte, el Gobierno gallego lleva desde 2009 defendiendo la transferencia a Galicia de la AP-9, pero el Ejecutivo central retrasó hasta en 60 ocasiones el plazo de presentación de enmiendas al articulado por parte de la mesa del Congreso a la proposición de ley sobre el traspaso de competencias de la autopista.
La conselleira también criticó el incumplimiento del PSdG en cuanto a sus compromisos electorales, pues prometieron la gratuidad de la AP-9 y de la AP-53, pero hasta ahora no se materializó.
