El comité de empresa del personal laboral de la Consellería de Política Social en la provincia de Pontevedra desarrolló este viernes una concentración delante de la delegación de la Xunta en Vigo para denunciar la complicidad de la Administración autonómica con el maltrato que padecen a diario las personas trabajadoras y las usuarias de las residencias de mayores públicas.
Representantes del comité aprovecharon la protesta para alertar sobre la “situación límite” que vive el personal -mayoritariamente mujeres de más de 50 años- de las residencias de mayores, en especial el del CRAPD Vigo 1, “a causa de las continuas agresiones físicas, psíquicas y verbales por parte de ciertas personas usuarias”.
Responsabilizan de esta situación a la política de “permitir, consentir y avalar” que en un espacio residencial de mayores se atienda “inadecuadamente” a colectivos que presentan distintas problemáticas. “Este tipo de centros no fueron diseñados (arquitectónicamente) para atender a personas con problemas psiquiátricos, de adicciones o con otras casuísticas, y no cuentan con personal formado ni con medios especializados para atender a estas patologías”.
En consecuencia, se registran a diario incidentes como amenazas, insultos, agresiones o menosprecios, provocando un incremento del estrés laboral que pone en riesgo la salud tanto física como mental de las personas trabajadoras, “que se ven obligadas a desarrollar su labor con miedo”.
Hasta el punto de que califican de “maltrato institucional” por parte de la Xunta y de la Consellería lo que les está sucediendo a los cuadros de personal y a la mayoría de las personas usuarias. “De persistir esta situación nos arriesgamos a padecer alguna situación extrema de violencia con consecuencias irreparables que todas/os lamentaríamos”.
Recuerdan que desde hace ya tres años vienen denunciando que con el ingreso en este tipo de centros de personas con patologías psiquiátricas o adicciones, la convivencia se hace prácticamente imposible. “Tanto las personas mayores como el personal sufren agresiones a diario mientras la Consellería mira para otro lado a pesar de que mantuvimos hasta tres reuniones con la Secretaría Xeral Técnica para abordar esta cuestión”.
Agresiones sexuales
En este contexto, en septiembre del 2023 una trabajadora fue víctima de una agresión sexual que el comité llevó a la Fiscalía y que la propia afectada denunció en el juzgado a instancias de la Fiscalía. “En esa ocasión también nos pusimos en contacto con la Consellería y denunciamos públicamente la situación, advirtiendo que la falta de personal amenazaba nuestra integridad”.
Seguimos además con reuniones, propuestas y denuncias en el Departamento Territorial y en la Secretaría Xeral Técnica “y nada se hizo”. Lamentan que la propia conselleira se limita a responderles que no se puede estigmatizar a las personas usuarias, “cuando este comité solo pretende una atención adecuada tanto para las personas con patologías psiquiátricas (no hay psiquiatras en los centros) como para el resto de las personas usuarias”. También en septiembre de 2023 cursaron escrito a la Fiscalía instando a que se tomaran medidas y se acercaran soluciones para la protección de las personas usuarias y del personal.
Mientras que en el pasado mes de abril participaron en una movilización conjunta de los cuatro comités de empresa de Política Social y del Comité Intercentros para reclamarle a la Consellería soluciones adecuadas. Y en septiembre se volvieron a posicionar en contra del ingreso de este tipo de personas en estos centros mientras compartan el mismo espacio, mismo personal y mismos tiempos que las personas mayores.
“Ahora nos volvemos a movilizar después de que los medios de comunicación recogieran el anuncio de que, por decisión judicial, personas responsables de delitos tan graves como homicidios o agresiones sexuales podrán ser derivadas a este tipo de centros, que no cuentan ni con el espacio ni con el personal necesario y formado para poder atenderlas en óptimas condiciones”.
En este sentido, quieren dejar muy claro que tanto las personas mayores como las personas de emergencia social merecen una atención y un trato digno, “pero somos conscientes de que no se les puede dar ese trato a los dos colectivos al mismo tiempo, en el mismo espacio y con el mismo personal, ya que es inviable”.
Ante esto, presentaron denuncias en la Inspección de Trabajo y ante la Valedora do Pobo por la falta de personal -sobre todo en los turnos de noche- “y por toda la situación que estamos viviendo, pero la conselleira sigue sin tomar medidas para proteger al personal mientras, de foto en foto y de inauguración en inauguración, nos acusa de estigmatizar a las personas usuarias”, finalizan.
