La CIG califica de “éxito rotundo” la jornada de huelga convocada en los Servicios de Ayuda en el Hogar (SAF) de toda Galicia, al igual que las concentraciones celebradas en innumerables ayuntamientos gallegos. Con este paro, secundado masivamente, las trabajadoras colgaron sus batas para denunciar la precariedad laboral, la falta de protocolos de seguridad y la inacción de la Xunta de Galicia y de la FEGAMP tras el asesinato de la compañera Teresa en O Porriño hace 16 días.
Adolfo Naya, secretario de Negociación Colectiva de CIG-Servizos, destacaba a primera hora de la mañana la alta participación “a pesar de los servicios mínimos abusivos decretados por algunos ayuntamientos” y denunciaba que “la Xunta, desentendiéndose de sus responsabilidades, derivó a los ayuntamientos la declaración de los servicios mínimos, y muchos no los decretaron, dejando la responsabilidad ética a las trabajadoras”.
En este sentido, Pedro Pérez, de la CIG-Servizos, explicó que “las trabajadoras, ante la irresponsabilidad de la administración, asumieron cubrir los servicios mínimos vitales, como levantar a las personas usuarias, aseo, desayuno y medicación, antes y después de las concentraciones”.
Violencia institucional
A lo largo de la mañana -por la tarde hay aún convocatorias, como la manifestación que tendrá lugar en Vigo a las 17:30 horas- se desarrollaron múltiples concentraciones delante de los ayuntamientos donde denunciaron que, transcurridos 16 días desde el trágico suceso de Porriño, siguen sin soluciones.
Así se recoge en el manifiesto al que dieron lectura al final de los actos de protesta en el que denunciaron que siguen sin soluciones, que la única respuesta obtenida por los responsables son declaraciones públicas, pero “ni una sola acción” y que la única respuesta de la Xunta fue el silencio. Frente a eso aseguraron que “Teresa no precisa de silencio, precisa de clamor, precisa de que su muerte sea un grito que llegue al último responsable que ocupa la presidencia de la Xunta de Galicia”, porque, afirmaron “Teresa precisa de que no callemos hasta que haya justicia”.
Advirtieron de que murió precisamente porque “fue silenciada” y lamentaron que “la denuncia frente a la empresa de una situación de acoso no fue suficiente para tomar medidas inmediatas de protección, su palabra, la palabra de una profesional no fue suficiente”.
Por eso consideraron que “tiene que bastar una palabra, tiene que bastar la declaración de una auxiliar para que inmediatamente se suspenda un servicio” y advirtieron del alto riesgo físico y mental del trabajado que desarrollan. Riesgo que aseguraron estar “hartas de denunciar” reclamando medidas en las empresas y ante lo que, una vez más, solo reciben silencio o que “cuando conseguimos convencer a las empresas de alguna medida como la suspensión de un servicio, la Xunta de Galicia decide reponerlo en las condiciones iniciales”.
Una situación ante la que rechazaron que “el derecho a la atención en el domicilio esté siempre por encima de los derechos laborales, de los derechos de protección, y de los derechos de las mujeres” que, afirmaron, “mantenemos con precariedad, con nuestro cuerpo, con nuestra salud mental e incluso con la muerte”.
Mano de obra barata
Del mismo modo denunciaron que para la Conselleira de Servizos Sociais “no tenemos siquiera la condición de trabajadoras. Para ella somos mano de obra barata, que desempeña un servicio público esencial, en manos de empresas privadas”. Y dirigiéndose a Fabiola García le recordaron que “la seguridad laboral es un derecho de las trabajadoras y un deber de las empresas y de las administraciones garantizar unas medidas de salud laboral que eviten riesgos, máximo cuando estamos hablando de exposición a agresiones de todo tipo”.
Las compañeras de Teresa la recordaron con un “Teresa somos todas” y clamaron contra un modelo de atención a la dependencia privatizado que fue derivado por la Xunta de Galicia a los ayuntamientos que “son los que tienen que velar por la salud y la seguridad de sus trabajadoras, de sus vecinas” y que denunciaron que, sin embargo, “se limitan a entregarlas a empresas privadas en una subasta llamada licitación”. Por eso calificaron esta situación de “violencia machista e institucional”.
Protocolo ya
Las concentraciones concluyeron exigiendo Un Sistema Público Gallego de Atención a las Personas que ponga fin a la precariedad laboral y un protocolo de prevención frente al acoso y agresiones de obligado cumplimiento en todos los servicios del SAF en Galicia, donde se recojan cuando menos las siguientes medidas:
- Ante la existencia de una denuncia o comunicación de un posible caso de acoso, estará justificada la ausencia al puesto de trabajo.
- Que, en el momento en el que se reciba una queja de acoso de una trabajadora se suspenda cautelarmente el servicio, activándose el protocolo de acoso.
- Que se realicen ya las evaluaciones de riesgos, incluidos los psicosociales, en todos los domicilios.
- Habilitar un servicio efectivo para presentar cualquier incidencia y dar traslado inmediato a las delegadas de prevención.
