La CIG convoca para mañana, miércoles 30 de julio, a las 12:00 horas, una concentración en la Plaza del Concello de O Porriño en respuesta al asesinato de una trabajadora del Servicio de Ayuda en el Hogar por parte de un familiar de una usuaria, en el transcurso de su jornada laboral.
La CIG también quiere mostrar la total solidaridad con las compañeras y la familia de la auxiliar y se ponen a su absoluta disposición, exigiendo responsabilidades a la empresa adjudicataria del servicio y a las administraciones implicadas por no haber actuado previamente para evitar una situación de acoso que finalizó en asesinato.
La CIG lleva años denunciando la situación de total falta de medidas de prevención de riesgos laborales y de prevención frente al acoso sexual, el acoso laboral y otro tipo de agresiones que sufren las trabajadoras de la atención en el domicilio. “Un trabajo precarizado y que no está valorado ni por las empresas, ni por el entorno de las personas usuarias, ni tampoco por la Xunta de Galicia y los ayuntamientos, que a menudo minimizan la gravedad de las situaciones que viven estas trabajadoras día tras día”.
“Hay que destacar que ante las denuncias de las trabajadoras informando de las situaciones de riesgo de agresión en los hogares siempre se prioriza la atención a la persona usuaria antes que garantizar la integridad de las trabajadoras”, señalan desde la CIG.
“En los servicios de ayuda en el hogar, como es común en un estado patriarcal, la palabra de las mujeres y la violencia contra ellas está normalizada, y el testimonio de las auxiliares que piden un cambio de domicilio es siempre cuestionado. La única medida que se adopta es sustituir a la trabajadora acosada o agredida por otra compañera sin siquiera informarla del riesgo que va a afrontar”, añaden.
Según la central sindical, en las pocas ocasiones que la representación sindical consigue negociar con la empresa la activación de medidas cautelares, como la suspensión del servicio o que vayan dos trabajadoras al domicilio, lo habitual es que los servicios sociales de los ayuntamientos o la propia Xunta de Galicia reactiven la atención, quedando sin resolver las agresiones.
“Este terrible suceso evidencia de la manera más dramática posible que el SAF precisa de un cambio profundo, de una gestión pública que garantice la calidad en la atención, unas condiciones laborales decentes, que proteja la salud y la integridad de las trabajadoras y que dignifique el sistema de cuidados”, concluyen.
