La diputada Ione Belarra, en representación del Grupo Parlamentario Mixto y como portavoz de Podemos, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que el Gobierno aclare su posición respecto al controvertido proyecto de ampliación del Puerto Deportivo de Baiona. Esta iniciativa pone el foco en una actuación que, según denuncia la formación, podría estar ejecutándose de forma opaca, sin garantías legales ni medioambientales, y con un alto coste para el patrimonio natural y social del litoral baionés.
El Puerto Deportivo de Baiona se ubica en una zona de altísima sensibilidad ecológica, amparada por instrumentos como la Red Natura 2000, que protege espacios clave, de gran valor paisajístico y ecológico, como es el “Estuario de la Foz”, una zona húmeda afectada por vertidos y una pérdida preocupante de hábitats. La cercanía al Parque Nacional de las Islas Atlánticas aumenta la relevancia medioambiental del enclave.
Sin embargo, a pesar de estas protecciones, el plan de ampliación impulsado por la empresa Nauplia Capital SL, avanza amparado en una resolución no publicada, bajo la que Podemos denuncia como una preocupante falta de transparencia institucional y una permisividad por parte de la Xunta de Galicia, del Partido Popular.
Un proyecto plagado de sombras legales
Según ha podido saber Podemos a través de alguno de los documentos públicos y denuncias de otras organizaciones, el proyecto de ampliación se basa en una modificación sustancial de una concesión otorgada en 2002 a Ronáutica S.A.
El Puerto Deportivo de Baiona solicitó en 2016 una revisión que incluía rellenos sobre lámina de agua, urbanización de explanadas y ampliación del plazo de explotación. Pese a las negativas iniciales, esta modificación parece haberse aprobado sin publicación oficial, lo que infringe principios fundamentales de publicidad administrativa y participación ciudadana.
De forma paralela, se ha detectado un aumento irregular del número de amarres, de los 297 inicialmente autorizados a 334 actualmente y con la previsión de alcanzar los 550 sin que exista constancia pública de una resolución que avale dicho cambio. Esta situación, según Agustín Silva, portavoz municipal de Podemos en Baiona, podría vulnerar la Ley de Costas, especialmente la Ley 2/2013, que prohíbe ampliaciones que supongan aumento de volumen o superficie de las construcciones existentes en zona de servidumbre de protección.
A su juicio, estas circunstancias evidencian una operación con intereses económicos muy concretos que podrían estar siendo favorecidos por una administración autonómica que carece de mecanismos de control transparentes.
La denuncia se produce en un momento delicado: el Gobierno de Alfonso Rueda ha iniciado el proceso de transferencia de competencias sobre el litoral gallego desde el Estado a la Xunta, sin debate público ni evaluación de los impactos que estos cambios podrían generar en términos de protección ambiental, acceso público y equilibrio territorial.
La ampliación del Puerto de Baiona se estaría convirtiendo, según Silva, en el caso piloto de un modelo especulativo que pone en jaque la sostenibilidad del litoral gallego. Por todo ello, desde Podemos exigen nuevos informes y la paralización cautelar del proyecto, dirigiendo además al Gobierno central una batería de preguntas solicitando saber:
- ¿Existe un informe ambiental favorable y actualizado acorde a la legislación vigente?
- ¿Cómo es posible autorizar una ampliación tan sustancial, si la Ley de Costas lo prohíbe expresamente?
- ¿Se contemplan nuevos estudios independientes realizados por universidades públicas, como la de Vigo, que analicen los impactos ecológicos, hidrográficos y sobre la biodiversidad del proyecto?
- ¿Qué medidas adoptará el Ministerio para la Transición Ecológica que garanticen la legalidad, el interés general y la paralización cautelar de las obras, como ya han solicitado varios colectivos?
Conclusión: Un modelo a evitar
Podemos advierte que lo que está ocurriendo en Baiona no es un caso aislado, sino representativo de una tendencia creciente: la privatización encubierta del litoral y el debilitamiento de las garantías democráticas en la gestión del espacio público. “Lo que está en juego no es solo el relleno de un puerto, sino el modelo de litoral que queremos para Galicia: Un bien común gestionado de forma sostenible, o un escenario de impunidad al servicio de unos pocos”, concluyen.
El Partido continuará realizando un seguimiento parlamentario del caso, promoviendo iniciativas legales y colaborando con la sociedad civil de Baiona y la gallega para evitar lo que califican como “una agresión ambiental y democrática de gran calado”.
