Las trabajadoras de las residencias privadas están secundando este martes la segunda de las cuatro jornadas de huelga convocadas por la CIG en demanda de un convenio colectivo digno y salarios justos. Aunque los abusivos servicios mínimos decretados por la Xunta impiden en la práctica a mucho del personal ejercer este derecho fundamental, el apoyo a la huelga se evidencia en las concentraciones espontáneas que las trabajadoras están realizando delante de las residencias aprovechando los tiempos de descanso y los cambios de turno.
Sobrecarga de trabajo, asunción de tareas que no corresponden, falta de tiempo suficiente para atender a las personas usuarias, salarios de miseria y unas ratios obsoletas, son algunas de las problemáticas denunciadas por las trabajadoras, que llevan meses movilizándose contra las pretensiones patronales de consolidar la precariedad laboral y la pobreza salarial en el nuevo convenio.
El secretario de Negociación Colectiva de la CIG-Servizos, Adolfo Naya, hacía una valoración muy positiva de la participación en esta jornada de huelga “teniendo en cuenta las dificultades que existen por los abusivos servicios mínimos”. A este respecto, avanzó que el sindicato está valorando denunciar a varias empresas del sector que comunicaron los servicios mínimos con posterioridad al inicio de la huelga al entender “que esto constituye una vulneración del derecho a la huelga y no lo vamos a consentir”.
Inmovilismo de la patronal e inacción de la Xunta
Naya puso en valor el ánimo y la disposición de las trabajadoras para seguir luchando por sus derechos e hizo un llamamiento a participar masivamente en la manifestación nacional convocada para este sábado, 26 de abril, con salida a las 11:00 horas de la Alameda de Santiago de Compostela. Anima a convertir esta movilización en una gran demostración de fuerza frente al inmovilismo de la patronal y a la inacción de la Xunta de Galicia.
Reiteró las críticas a la falta de voluntad negociadora de la patronal, que mantiene paralizadas las negociaciones desde el pasado mes de octubre, condenando así el personal a seguir perdiendo poder adquisitivo y a unas tablas salariales que, en las categorías más bajas, ya quedaron por debajo del SMI.
Rechazó también la actitud de la Consellaría de Política Social “que aún no respondió a la solicitud de reunión que hicimos en septiembre y que pretende lavarse las manos en este conflicto, a pesar de sus responsabilidades en la materia y de fomentar un modelo de cuidados privatizado que precariza las trabajadoras y la atención a las personas usuarias para incrementar los beneficios de las empresas”.
Naya recordó que buena parte del negocio del sector está en las plazas concertadas y en la gestión de centros que son de titularidad pública, por lo que “la Xunta tiene que tomar en serio las demandas de las trabajadoras e implicarse tanto en la negociación colectiva como en la dignificación de las condiciones laborales y salariales”.
En este contexto, la huelga continuará los días 7 y 21 de mayo y a partir de ahí, de no producirse avances, se evaluarán las siguientes acciones y medidas a tomar.
